La seguridad del tráfico, objetivo prioritario de la presidencia española en la CE
La seguridad del tráfico por carretera y la protección del medio ambiente han pasado a ser prioridades de la presidencia española de la CE. El Gobierno pretende aportar soluciones a dos de los problemas que más gravemente acucian a los ciudadanos europeos, a la vez que compensar el contenido excesivamente técnico de una agenda del semestre regida por los temas fiscal y monetario, sobre los que las posibilidades de acuerdo son remotas. Tampoco la dimensión social europea da márgenes al optimismo.
Los representantes españoles en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) de la CE l...
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La seguridad del tráfico por carretera y la protección del medio ambiente han pasado a ser prioridades de la presidencia española de la CE. El Gobierno pretende aportar soluciones a dos de los problemas que más gravemente acucian a los ciudadanos europeos, a la vez que compensar el contenido excesivamente técnico de una agenda del semestre regida por los temas fiscal y monetario, sobre los que las posibilidades de acuerdo son remotas. Tampoco la dimensión social europea da márgenes al optimismo.
Los representantes españoles en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) de la CE lograron vencer hace unos días las resistencias de algunos países para la creación de dos grupos especiales de alto nivel, cuyo cometido será proponer medidas para mejorar la seguridad del tráfico por carretera y atajar el llamado efecto invernadero producido por la contaminación atmosférica.En el primero de los casos, algunos de los países del Norte, en especial la RFA, plantearon objeciones por tratarse de un tema de soberanía nacional que excede las competencias de la CE. En cuanto a la protección del medio ambiente, según fuentes de la Administración española, es un tema que viene a contrapelo porque su alto coste se enfrenta a otras prioridades más urgentes del país. Pero "preferimos hacerlo nosotros, aunque perdamos algunas plumas, antes de que lo hagan otros a su manera".
El grupo de expertos sobre seguridad vial estará presidido por el director general de Tráfico, Miguel Muñoz, e iniciará sus trabajos el próximo 7 de febrero. El objetivo es definir normas más severas sobre limitación de velocidad, exigencia de cinturones de seguridad, consumo de alcohol por los conductores, concesión de permisos de conducir y estado de los neumáticos. Se trata de aliviar al órgano de negociación comunitario de discusiones técnicas que dificulten los acuerdos para poder adoptar decisiones en el Consejo de Ministros de Transportes de la CE, que se celebrará el 5 de junio.
Las propuestas españolas se inscriben dentro de las medidas iniciadas por la Comisión Europea para atajar un problema acuciante que se cobra al año en la CE 55.000 muertes. Los accidentes por carretera provocan además 1,7 millones de heridos y 150.000 inválidos. Al margen del elevado coste social, las siniestralidad y, los atascos generan 400.000 millones de pesetas anuales en gastos sanitarios e indemnizaclones, 2,7 billones en exceso de consumo de carburantes y otro billón más en intentar paliar la contaminación atmosférica.
Control técnico
Combatir los males del tráfico rodado se ha convertido en uno de los retos de la Comunidad. Sobre la mesa del Consejo de Ministros están nuevas directivas de control técnico de vehículos y sistemas de frenado más seguro, mientras que la Comisión Europea ha puesto en marcha el programa de investigación DRIVE, concebido para lograr el control informatizado del tráfico y la construcción del coche inteligente que evite el choque frontal.
La aportación española Intenta dar un paso más. El incremento de límites de velocidad va dirigido inicialmente a camiones, autocares y autobuses, aunque se plantean propuestas también para vehículos utilitarios. La experiencia realizada por Italia el pasado verano, en la que se redujo la velocidad máxima de circulación por autopistas, se vio refrendada por un descenso sensible en el número de accidentes. Tan sólo la RFA no fija topes en estas vías de circulación rápida, aunque en el resto de las carreteras mantiene controles severos.
El control más severo del alcohol al volante está justificado porque ésta continúa siendo la principal causa de mortalidad en la carretera (entre el 30% y el 50% de los accidentes, según las estadísticas). La Comisión ha propuesto fijar un grado máximo de contenido de alcohol en la sangre de 50 miligramos por mililitro en el caso de los conductores. A partir de ese porcentaje, el tiempo de reacción del piloto aumenta a la vez que sus facultades de percepción disminuyen.
En cuanto al cinturón de seguridad, el proyecto es extender la obligatoriedad de su uso para todos los ocupantes del vehículo, incluidos los que van en la parte trasera. Los estudios demuestran que su uso comporta una doble ventaja. Por un lado, impide el impacto secundario producido por la proyección del cuerpo del ocupante tras la colisión. Por otro, evita salir despedido del vehículo cuando se produce el accidente, circunstancia que multiplica por cuatro la gravedad de las heridas.
Nuevo baremo para el carné
El grupo de expertos intentará definir un nuevo baremo de condiciones para expedir el permiso de conducir. En este caso el objetivo es reforzar los requisitos de destreza exigibles para ponerse al volante sin poner en causa la directiva comunitaria que establece la validez de los carnés expedidos en un país comunitario en el conjunto de la Comunidad Europea.
Por último, el estado de los neumáticos de los automóviles es un componente básico de la seguridad en carretera. En el futuro, el relieve mínimo exigible del dibujo de la banda de rodadura será situado en más de 1,6 milímetros para permitir que un vehículo pueda circular legalmente. Hasta ahora, en la mayoría de los países, salvo el caso de Luxemburgo, es suficiente con un grosor de un milímetro en el dibujo.
Se da la paradoja de que nuestro país, uno de los más permisivos en este aspecto, es víctima de una invasión de ruedas a bajo precio, que proceden del recauchutado superficial de neumáticos que han sido desechados previamente en otros Estados pertenecientes a la Comunidad. Europea.