El juez pide a Interior que denuncie a quien desvió fondos para los GAL
El juez instructor que se encarga de las investigaciones sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), Baltasar Garzón, elevó ayer a la Sección Tercera de la Audiencia Nacional una propuesta para que solicite al Gobierno una investigación sobre qué funcionario desvió fondos estatales con destino a esa banda terrorista. El juez descarta que el Gobierno financiase a los GAL, pero da por demostrado que estos mercenarios recibieron dinero público. Por tanto, concluye, alguien empleó ilícitamente esos fondos al desviarlos para costear las acciones terroristas.
El informe del magistra...
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El juez instructor que se encarga de las investigaciones sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), Baltasar Garzón, elevó ayer a la Sección Tercera de la Audiencia Nacional una propuesta para que solicite al Gobierno una investigación sobre qué funcionario desvió fondos estatales con destino a esa banda terrorista. El juez descarta que el Gobierno financiase a los GAL, pero da por demostrado que estos mercenarios recibieron dinero público. Por tanto, concluye, alguien empleó ilícitamente esos fondos al desviarlos para costear las acciones terroristas.
El informe del magistrado consta de 25 folios, referidos principalmente a las posibilidades de financiación de los GAL. Esta banda, a diferencia de otras organizaciones terroristas (que utilizan el impuesto revolucionario y cometen secuestros o atracos), no se autofinancia. El juez excluye la posibilidad de que el dinero que recibe proceda de personas privadas, porque no existe un solo indicio en ese sentido. Y descarta también "de plano" una financiación pública directa con conocimiento del Gobierno, por los mismos motivos. Por tanto, la hipótesis en la que trabaja es que personas interesadas en crear un grupo terrorista anti-ETA hubieran desviado intencionadamente parte de esos fondos.La propuesta del juez Baltasar Garzón se concreta, entre otros puntos, en la investigación de la financiación del viaje de los dos policías procesados, José Amedo y Michel Domínguez, a Portugal en 1986, supuestamente destinado a reclutar mercenarios. El director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, declaró durante las diligencias que tal desplazamiento había sido sufragado con dinero de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Asimismo el juez se interesa por el origen de los 15 millones que Amedo ingresó en la cuenta compartida con su padre, abierta el 5 de octubre de 1985, 10 días después del cuádruple asesinato del Mon Bar, en Bayona; el origen de las 800.000 pesetas que Amedo entregó presuntamente al gal Patrick Pironeau; la procedencia del dinero entregado a los mercenarios portugueses, y las elevadas cantidades que los dos policías procesados gastaron en el juego -en un año gastaron 15 millones de pesetas-, que evidenciaban un ritmo de vida muy superior al sueldo de dos funcionarios.
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