Contra la especulación del suelo
El Centro Democrático y Social (CDS) ha planteado reiteradamente en el Ayuntamiento de Madrid que no cabe una acción de gobierno progresista en la vida municipal si no se hace una política urbanística activa contra la especulación del suelo, que tenga como objetivos primordiales la solidaridad y el bienestar de los ciudadanos.Se trata, en definitiva, de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 de la Constitución, que, además de señalar el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna, establece que los poderes públicos regularán "la utilización del suelo de acuerdo con ...
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El Centro Democrático y Social (CDS) ha planteado reiteradamente en el Ayuntamiento de Madrid que no cabe una acción de gobierno progresista en la vida municipal si no se hace una política urbanística activa contra la especulación del suelo, que tenga como objetivos primordiales la solidaridad y el bienestar de los ciudadanos.Se trata, en definitiva, de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 de la Constitución, que, además de señalar el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna, establece que los poderes públicos regularán "la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".
La realidad en Madrid ha sido muy diferente en estos 10 años de gobierno municipal socialista y se ha permitido que se disparara el precio del suelo y, con él, el precio de cualquier tipo de construcción inmobiliaria. Todo ello como consecuencia de la concentración oligopolística de suelo, de la pasividad municipal, de la inadecuación de los procedimientos de adjudicación y gestión aplicados y de la falta de control en el conjunto del proceso.
Y todo ello como el triste resultado de que se ha expulsado de Madrid a un gran número de familias modestas o de parejas jóvenes que trabajan en la capital y para los que el acceso a una vivienda en ella se ha hecho completamente inviable. Y con el resultado de que se ha impedido a multitud de jóvenes desarrollar sus actividades profesionales o su iniciativa empresarial por no contar con unos locales u oficinas asequibles.
En paralelo, con suelo urbano o urbanizable, valorado a veces a precios irrisorios, los mecanismos de gestión previstos por el equipo de gobierno socialista para las actuaciones municipales en las llamadas bolsas de deterioro urbano y en las grandes operaciones urbanísticas planteadas por la Gerencia de Urbanismo en el presupuesto de 1988 abrían un proceso generador de enormes plusvalías que no iban en beneficio del conjunto de los vecinos de Madrid, sino de unos pocos grupos que concentrarían en sus manos una gran parte del suelo disponible.
Por entenderlo así, CDS se opuso al programa de actuaciones de la Gerencia de Urbanismo y consiguió su retirada inicial, aunque pocos meses después el equipo municipal de gobierno socialista, con el apoyo de AP, sacó adelante sus planteamientos, contrarios, en nuestra opinión, a los intereses de los madrileños.
Y, por entenderlo así, seguimos defendiendo nuestras tesis e insistiendo en la necesidad de que, sin perjuicio del respeto a la iniciativa privada y empresarial, el Ayuntamiento debía asumir la dirección del desarrollo de Madrid y un protagonismo activo decidido en la lucha contra la especulación.
En el pleno de octubre de 1988 conseguimos que prosperaran nuestros planteamientos y se aprobó una proposición presentada por CDS que suponía un giro radical en la política urbanística del Ayuntamiento de Madrid. En esta proposición se establecía -de acuerdo con las tesis que CDS había venido defendiendo- que prioritariamente sería el propio Ayuntamiento el encargado de dirigir y ejecutar las actuaciones urbanísticas previstas en el programa de la Gerencia, instrumentando la financiación con medios propios o con operaciones de crédito concertadas con las instituciones financieras y contratando, mediante licitación pública, la realización de las obras necesarias.
En esta misma proposición se aceptaba que, aunque la gestión directa por el Ayuntamiento fuera la norma general, podría estudiarse eventualmente la realización integral de alguna de esas actuaciones por parte de la iniciativa privada mediante concesión, incluyendo la financiación y la aplicación del instrumento expropiatorio. En todo caso, se exigiría el control municipal y las cláusulas de garantía que aseguraran un precio final razonable.
Asimismo, se establecía en la proposición que el suelo disponible que resultara de la ejecución de las antedichas actuaciones, urbanísticas incrementaría el patrimonio del suelo del Ayuntamiento, quien lo destinaría al mercado en los tiempos y modos adecuados para evitar la especulación.
Los reflejos del alcalde
La solución planteada por CDS salió adelante en dicho pleno con el apoyo decidido de IU y la aceptación del PSOE. El propio alcalde llegó a declarar por aquellas fechas, en- las páginas de este diario, que ésa era la política urbanística que a él le gustaba y que si no había aceptado antes los planteamientos de CDS era quizá por una falta de reflejos. En el momento de aprobarse esta proposición había ya, sin embargo, una serie de operaciones urbanísticas para las que se habían decidido otros mecanismos de gestión, merced al acuerdo PSOE-AP.
Es en el contexto de todo cuanto acabo de exponer en el que hay que examinar lo ocurrido con el Campo de las Naciones y las posiciones de los diversos grupos municipales respecto al tema. La de CDS ha sido en todo momento -y lo seguirá siendo- congruente con los planteamientos de acción de gobierno progresista que venimos defendiendo.
Por eso votamos, en su momento, en contra del pliego de condiciones del concurso, fundamentando nuestro voto en que tales condiciones propiciaban la concentración de suelo (con 150.000 metros cuadrados de edificabilidad) en unas pocas manos. Un pliego de condiciones que no introducía las cautelas necesarias para evitar el oligopolio del suelo y luchar adecuadamente contra la especulación y que no controlaba los precios en el momento final del proceso merecía nuestro rechazo, en coherencia con nuestra filosofía urbanística. Por ello votamos en contra de la propuesta presentada por el PSOE.
Declarado desierto el concurso -previsión que incluía el pliego de condiciones-; aprobado en el mismo pleno el instar a la consideración por el Consejo de Administración de la Empresa Municipal Campo de las Naciones, SA, del estudio de la posible convocatoria de un nuevo concurso por parcelas o de una subasta por parcelas con admisión previa de ofertas, y abierta también la vía de que el proyecto se pueda ejecutar directamente por el Ayuntamiento, lo que procede es convocar el Consejo de Administración de la citada empresa para que se pronuncie sobre las alternativas posibles.
Personalmente estoy convencido de que si el equipo de gobierno se siente con capacidad organizativa y de gestión para llevar adelante directamente el proyecto, no existe ningún problema financiero para hacerlo. Por un lado, fruto de la incapacidad de gestión del equipo de gobierno municipal, así corno de los excedentes de ingresos obtenidos, existe un superávit importante en los últimos años. Por otro, la autogeneración de' fondos que va a producirse como consecuencia de las actuaciones ya aprobadas, el propio calendario de realización de las inversiones previstas y la capacidad de obtener financiación ajena que tiene el Ayuntamiento son vías alternativas o complementarias que garantizan la viabilidad financiera de la operación.
Éstos son, resumidos, los principios que inspiran la política urbanística del CDS: conjugar una actitud decidida por parte del Ayuntamiento frente a la especulación del suelo con el respeto e impulso de las iniciativas empresariales que contribuyan a facilitar la vida de los madrileños.
Agustín Rodríguez Sahagún es portavoz del CDS en el Ayuntamiento de Madrid.