Un policía deberá pagar 35 millones a los hijos de una mujer a la que mató

El Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona ha fijado en una sentencia el pago de una indemnización de 35 millones de pesetas para los cinco hijos de una mujer que falleció a consecuencia de un disparo efectuado por el inspector de policía Miguel Ángel Ferrero Cuesta cuando perseguía a un supuesto delincuente.Rosario Molina Mas falleció el 11 de septiembre de 1984, tres días después de haber recibido un tiro en la cabeza mientras caminaba por la calle Manso, en Barcelona. El inspector de policía Ferrero escuchó gritos en el interior de un portal y, al mismo tiempo, observó a un joven al l...

El Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona ha fijado en una sentencia el pago de una indemnización de 35 millones de pesetas para los cinco hijos de una mujer que falleció a consecuencia de un disparo efectuado por el inspector de policía Miguel Ángel Ferrero Cuesta cuando perseguía a un supuesto delincuente.Rosario Molina Mas falleció el 11 de septiembre de 1984, tres días después de haber recibido un tiro en la cabeza mientras caminaba por la calle Manso, en Barcelona. El inspector de policía Ferrero escuchó gritos en el interior de un portal y, al mismo tiempo, observó a un joven al lado de una moto que parecía estar en actitud de espera junto al portal. Por este motivo, el inspector le requirió que se identificara, momento en el que el joven emprendió la huida. En la persecución del supuesto sospechoso, el policía utilizó su arma y efectuó tres disparos. Uno de los proyectiles, según la sentencia, rebotó en una pared y alcanzó a la mujer.

Responsable civil

El fallo condena al policía por una falta de imprudencia a una multa de 20.000 pesetas, considerando que el funcionario no valoró el riesgo que conllevaba efectuar disparos en una vía transitada, tanto por peatones como por vehículos. Asimismo, la cuantía de la indemnización ha sido fijada teniendo en cuenta varios elementos, como la edad de los hijos de la fallecida que en 1984 oscilaba entre los 15 y 9 años de edad, y la condición de mujer separada de Rosario Molina, que percibía ingresos como empleada del hogar.Estas circunstancias personales provocaron una situación precaria para los hijos de la fallecida. Ahora, el pago de la indemnización recaerá en el Estado, declarado responsable civil subsidiario en el procedimiento.