Abogadas exigen un mayor amparo legal para las mujeres separadas, divorciadas y maltratadas

El desamparo efectivo que padece la mujer por el alto grado de incumplimiento de las resoluciones judiciales en los casos de separaciones y divorcios ha acaparado los debates del II Congreso de Mujeres Abogadas, desarrollado durante los últimos dos días en San Sebastián. El congreso, al que han asistido 220 mujeres integradas en las comisiones de letradas de los colegios profesionales, aprobó anoche una serie de propuestas de reformas para paliar esta situación, al tiempo que constataba las deficiencias de la actual legislación en el tratamiento de las consecuencias de las crisis conyugales....

El desamparo efectivo que padece la mujer por el alto grado de incumplimiento de las resoluciones judiciales en los casos de separaciones y divorcios ha acaparado los debates del II Congreso de Mujeres Abogadas, desarrollado durante los últimos dos días en San Sebastián. El congreso, al que han asistido 220 mujeres integradas en las comisiones de letradas de los colegios profesionales, aprobó anoche una serie de propuestas de reformas para paliar esta situación, al tiempo que constataba las deficiencias de la actual legislación en el tratamiento de las consecuencias de las crisis conyugales.

Las abogadas plantean la modificación del actual concepto jurídico de violación y proponen que la nueva definición incluya a los hombres como posibles víctimas de ese delito y no exija ni la resistencia de la víctima ni implique necesariamente la existencia de penetración. Las abogadas criticaron la ausencia de un delito específico de malos tratos domésticos en el nuevo proyecto de modificación urgente del Código Penal y denunciaron el tratamiento legislativo de los casos de abandono de familia y de infanticidio. El congreso debatió la posible inconstitucionalidad de la regulación jurídica del aborto en el Código Penal y se pronunció a favor de la despenalización cuando existe consentimiento de la mujer.Entre las conclusiones aprobadas figura la creación urgente por el Estado de un fondo que garantice el pago de las pensiones a las mujeres e hijos de separados, y la reforma de una serie de artículos del Código Penal que, a juicio de las congresistas, obstaculizan la efectiva aplicación de las resoluciones judiciales. Algunas de las ponentes afirman que el impago de las pensiones en separaciones y divorcios alcanzan al 50% de los casos. Las abogadas criticaron el hecho de que en la actual regulación del impuesto sobre la renta de las personas físicas se contemplen las pensiones alimentarias como incremento patrimonial de quienes las reciben, y consideran este tratamiento una prueba más de la situación de discriminación de la mujer.

Reforma del Código Penal

El congreso fue inaugurado el viernes por la mañana con una ponencia de la abogada Alicia Herrera en la que se propone la reforma de una serie de artículos del Código Penal y el Código Civil que establecen los procedimientos a seguir en los casos de malos tratos al cónyuge o a los hijos. En la ponencia se pide que los juzgados de familia den preferencia a los casos en los que se invoque como causa de separación la conducta injuriosa, vejatoria o los malos tratos, y se propone que los condenados por estas faltas no puedan cumplir las penas de arrestos en sus domicilios familiares.Algunas de las ponentes firmaron en relación a la ley de Divorcio, que el problema "comienza a adquirir tintes de imposibilidad a la hora de hacer efectivos los mandamientos judiciales". La experiencia permite a estas letradas señalar que las pensiones que se fijan en los procesos de separación y divorcio, que en su opinión son generalmente muy bajas, no se hacen efectivas en más de la mitad de los casos.