El juez inculpa a los intermediarios del secuestro de Emiliano Revilla por colaborar con ETA
El juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren abrió ayer un nuevo sumarlo en la causa sobre el secuestro de Emiliano Revilla contra las cinco personas que supuestamente participaron como intermediarios. Vicente y Txomin Estrada, Iñaki Aseguinolaza, Rafael Aguirre y Francisco Arratibel declararon ayer como inculpados de un delito de colaboración con banda armada. Aseguinolaza, que supuestamente transportó los 750 millones de pesetas de la primera entregadel rescate, manifestó: "He dicho al juez que pregunte a Michel Legrand [magistrado francés que instruye la causa por la incautación de la sum...
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El juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren abrió ayer un nuevo sumarlo en la causa sobre el secuestro de Emiliano Revilla contra las cinco personas que supuestamente participaron como intermediarios. Vicente y Txomin Estrada, Iñaki Aseguinolaza, Rafael Aguirre y Francisco Arratibel declararon ayer como inculpados de un delito de colaboración con banda armada. Aseguinolaza, que supuestamente transportó los 750 millones de pesetas de la primera entregadel rescate, manifestó: "He dicho al juez que pregunte a Michel Legrand [magistrado francés que instruye la causa por la incautación de la suma a ETA] y a la policía francesa dónde están los 25 millones de pesetas que faltan del paquete".
Los hermanos Txomin y Vicente Estrada, este último principal colaborador dé Revilla durante su etapa al frente de la empresa de embutidos, manifestaron que querían que esto acabara cuanto antes y mostraron su extrañeza por ser Ias primeras personas que intervienen en un secuestro en España que han sido llamadas a declarar por un juez". Los amigos Txomin Estrada e Iñaki Aseguinolaza fueron obligados por la organización terrorista ETA a marcharse a Winchester (Reino Unido) y a Lisboa, donde permanecieron 46 días, tras la frustrada primera entrega de dinero.El juez Bueren leyó sus derechos a los cinco inculpados y mientras Aseguinolaza y Arratibel se extendieron en sus respuestas al juez, los hermanos Estrada y Aguirre se acogieron a su derecho constitucional de guardar silencio en todas aquellas preguntas que hacían referencia a su intervención en el secuestro. Este segundo sumario, por presunto delito de colaboración con banda armada, no ha sido declarado secreto y se ha desgajado del que se abrió por la detención ilegal del empresario soriano. La apertura de sumario significa que el juez estima que existe un delito independientemente de quién sea su autor o autores.
El primer sumario fue declarado secreto el pasado lunes, tras las declaraciones de Emiliano Revilla ante el juez. El único de los implicados que asistió a declarar sin abogado fue Iñaki Aseguinolaza.
Txomin Estrada, Vicente Estrada, Maki Aseguinolaza y Rafael Aguirre destacaron que su mediación en la negociaciones con la organización terrorista ETA estuvieron motivadas por razones de amistad con la familia del empresario. Aguirre es la persona que alquiló la furgoneta localizada en un aparcamiento de Bayona, donde se encontró la primera entrega del rescate. Carlos Bueren ha citado a declarar la próxima semana a todos los inculpados y piensa mostrarles alguna in formación comprometedora sobre su participación.
El empresario vasco Francisco Arratibel no quiso pronunciarse a la salida de su entrevista con el juez y fue el único de los declarantes que no se reunió posteriomente con el empresario. Arratibel participó en la última entrega de dinero antes de la liberación del empresario y diversas fuentes lo han identificado como la persona que recibió 100 millones de pesetas de la familia Revilla, en forma de prestámo, por sus gestiones. También ha mediado en otros secuestros, según mandos de la lucha antiterrorista. El empresario reconoció en una conversación con una periodista de EL PAÍS, el pasado 2 de noviembre, su intervención en la negociación del rescate de Revilla, pero 10 horas más tarde negó sus primeras afirmaciones.
Juntos
Emiliano Revilla, liberado el pasado 30 de octubre tras ocho meses de cautiverio, acompañó a Vicente Estrada hasta la Audiencia y comió posteriormente con cuatro de los cinco inculpados (Vicente y Domingo Estrada, Iñaki Aseguinolaza y Rafael Aguirre). El industrial ha pedido a su abogado, Gonzalo Rodriguez Mourullo, especialista en asuntos económicos y catedrático de Derecho Penal, que asista a Vicente Estrada. Otro conocido bufete de Madrid, precisamente de otro catedrático de Penal, Horacio Oliva, está también asistiendo a Francisco Arratibel. Mientras los cuatro implicados restantes han asegurado haber participado en las negociaciones por amistad con los Revilla, sobre Arratibel pende la sospecha de haber cobrado por su intervención. Las relaciones de éste con el resto de los implicados fueron ayer distantes.
La familia Revilla, que estuvo durante una época alejada de Vicente Estrada, está volcándose en su ayuda. Fuentes jurídicas manifestaron que el hecho de que todavía no se hayan reclamado los 725 millones que obran en manos de la justicia francesa puede responder a un intento de evitar una mayor implicación de éste.
La familia Revilla solicitó la ayuda de Vicente Estrada, que a su vez pidió a su hermano Txomin colaboración para resolver el secuestro. Txomin reclutó a su amigo Iñaki Aseguinolaza, que ya había mediado en otro secuestro. El primero entró en contacto con Rafael Aguirre, a quien supuestamente pidió que alquilara la furgoneta donde fueron localizados los paquetes con el dinero.
De momento, una vez
El juez Carlos Bueren ha abierto por primera vez un sumario contra los mediadores en un secuestro por presunta colaboración con banda armada. Esto significa que el magistrado considera que existe delito por realizar este tipo de acciones, aunque por el momento está practicando diligencias para averiguar si existen o no indicios de criminalidad en alguno o algunos de los implicados.Este magistrado, que tramita también las investigaciones sobre los papeles de la cooperativa Sokoa, tapadera de las finanzas de ETA, fue el primero que convocó a declarar a empresarios vascos para establecer su posible responsabilidad en el pago de las extorsiones conocidas como impuesto revolucionario. Aunque el caso continúa abierto, el juez no se ha decidido por el momento a procesar a los industriales.
Respecto a los intermediarios en secuestros, hasta ahora, no habían tenido problemas con la Justicia. Las dificultades provenían de las fuerzas de seguridad del Estado, que les detenían o les aplicaban la ley Antiterrorista. Todos los casos fueron resueltos siempre favorablemente para los negociadores en cuanto llegaron a instancias judiciales.
En abril de 1981, el abogado y teniente de alcalde de San Sebastián, Pedro, Ruiz Balerdi, fue detenido en la frontera de Irún con 5,5 millones de pesetas, al parecer obtenidas tras su participación en el secuestro de Luis Suñer.
Ruiz Balerdi, tras acogerse a la cláusula del secreto profesional, consiguió su libertad y recuperar el dinero incautado, que en todo momento aseguró que no le pertenecía. En ningún momento Ruiz Balerdi explicó la procedencia o destino de los fondos.
El más conocido de los intermediarios, José Félix Eriz, que incluso ha Publicado un libro sobre sus experiencias, tuvo también un problema similar por su intervención en el secuestro de Saturnino Orbegozo. Eriz fue detenido el último día del año 1982 y puesto en libertad por la Audiencia Nacional varios días después.
Eriz declaró ante la Audiencia a raíz de los secuestros de los industriales Garavilla, Arrasate y Lipperheide, pero sólo fue detenido después del secuestro de Orbegozo. Ésta fue la única ocasión en que Eriz actuó a requerimiento de ETA, pues las otras veces lo hizo a petición de las familias respectivas.