El alcalde de Burgos, citado de nuevo ante el juez

El alcalde de Burgos, José María Peña, líder de la agrupación conservadora Solución Independiente, volverá a prestar declaración el próximo lunes en relación con los hechos denunciados el pasado mes de febrero por la Federación de Empresarios de la Construcción, que le acusa a él y a otras seis personas de un delito de prevaricación, que consiste presuntamente en haber favorecido a la inmobiliaria Río Vena en la concesión de licencias.

Ésta es la tercera vez que el alcalde es citado a declarar sobre este asunto, que lleva ya nueve meses en fase de diligencias previas sin que por el mome...

El alcalde de Burgos, José María Peña, líder de la agrupación conservadora Solución Independiente, volverá a prestar declaración el próximo lunes en relación con los hechos denunciados el pasado mes de febrero por la Federación de Empresarios de la Construcción, que le acusa a él y a otras seis personas de un delito de prevaricación, que consiste presuntamente en haber favorecido a la inmobiliaria Río Vena en la concesión de licencias.

Ésta es la tercera vez que el alcalde es citado a declarar sobre este asunto, que lleva ya nueve meses en fase de diligencias previas sin que por el momento el juez se haya pronunciado respecto a si existen o no indicios para el procesamiento. En este sentido, el abogado que representa a los constructores, Gonzalo Martínez Fresneda, señaló ayer que .con lo ya investigado "hay razones más que suficientes para procesar".La denuncia interpuesta por los constructores acusaba al alcalde, los dos primeros tenientes de alcalde y otras personas, entre ellas el secretario municipal y el delegado de la junta autonómica, de manipular el plan general urbano, utilizar indebidamente documentos públicos y conceder licencias de obra que contravenían la normativa urbanística siempre a favor de la mencionada inmobiliaria. Gracias a estas acciones supuestamente efectuadas por los denunciados, el gerente de esta inmobiliaria, Miguel Méndez Pozo, ha obtenido según los constructores, unos beneficios próximos a los 2.000 millones de pesetas.Hasta la fecha, en los nueve meses que duran las diligencias previas, el juez especial nombra do para el caso ha investigado la mitad de los 11 puntos de que consta la denuncia. Políticos, periodistas y técnicos municipales han ido prestando declaración en el sumario, cuyo fin no se prevé hasta el verano. No obstante, según Gonzalo Martínez Fresneda, por lo ya investigado "se debería procesar ya, aunque es muy posible que el juez quiera acabar la investigación para dar en su informe un cuadro completo de los hechos". Según Martínez Fresneda, en las diligencias previas se ha podido ver "que existen varios delitos de prevaricación, varios de falsedad en documento público y un delito de violación de secretos'.

Durante toda esta semana han prestado declaración por segunda vez desde que se inició el procedimiento los denunciados: los tenientes de alcalde, Codón Herrera y Mufloz Guillén, el constructor supuestamente beneficiado, Méndez Pozo, y el alcalde, José María Peña, quien, como en la anterior ocasión, mantiene que el Ayuntamiento ha obrado siempre con rectitud y que detrás de la denuncia "hay mucha envidia y una trama política", refiriéndose al partido socialista que, a su juicio, está intentando desprestigiarle y paralizar la labor del Ayuntamiento.

El largo procedimiento judicial, que acapara la atención de la opinión pública burgalesa, tuvo la pasada semana un giro inesperado al manifestar los denunciados que de ahora en adelante no contestarán a ninguna de las preguntas de los abogados de la acusación, haciéndolo únicamente ante el juez y el fiscal. Según el alcalde y los otros afectados, tal decisión se debe a su deseo de tramitar rápidamente el asunto, ya que a su juicio los abogados de la acusación estarían tratando de dilatar mediante "unos absurdos interrogatorios".