Tomas y Valiente: "La garantía de los derechos ciudadanos es prioritaria"

Francisco Tomás y Valiente, valenciano, de 55 años fundador del Tribunal Constitucional y desde hace dos años y medio su presidente, considera prioritaria, "por encima de todas las demás consideraciones, la defensa y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos". En esta línea, y en contraste con la opción gubernamental en pro de la seguridad, manifestada en los casos el Nani [desaparición de un detenido en manos de la policía] o Amedo [indicios de implicación del aparato policial en los delitos terroristas del GAL], Tomás y Valiente estima que en el conflicto entre seguridad y lib...

Francisco Tomás y Valiente, valenciano, de 55 años fundador del Tribunal Constitucional y desde hace dos años y medio su presidente, considera prioritaria, "por encima de todas las demás consideraciones, la defensa y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos". En esta línea, y en contraste con la opción gubernamental en pro de la seguridad, manifestada en los casos el Nani [desaparición de un detenido en manos de la policía] o Amedo [indicios de implicación del aparato policial en los delitos terroristas del GAL], Tomás y Valiente estima que en el conflicto entre seguridad y libertad el alto tribunal deberá pronunciarse "en favor de la libertad".

En relación con la sentencia del alto tribunal de 12 de julio último, por la que se permite recusar para el juicio al juez que instruyó la causa penal, Tomás y Valiente considera que una de las soluciones para preservar la imparcialidad del juzgador es la sustitución del juez por el fiscal en la instrucción penal, aunque reconoce los riesgos de esta reforma.

Pregunta. El cumplimiento de esta sentencia está colapsando la administración de justicia. ¿Era tan importante preservar la apariencia de imparcialidad del juez en una situación judicial con tantas otras deficiencias?

Respuesta. Yo creo que sí, en primer lugar porque para este tribunal, dentro del sistema jurídico de la Constitución, debe prevalecer, por encima de todas las demás consideraciones, la defensa y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, era necesario, porque tenemos 10 o 12 recursos de amparo en los que ciudadanos concretos nos plantean ese problema. Antes de resolver uno a uno esos recursos, cosa que haremos de inmediato, era razonable solventar las cuestiones planteadas por dos jueces, a fin de tener formado un criterio que permitiera resolverlos todos ellos de la misma manera.

P. La sustitución del juez por el fiscal en la instrucción o investigación penal ¿puede ser el eje de la reforma legislativa que piden ustedes en su sentencia?

R. Dentro de la línea sostenida por el tribunal de potenciar el juicio oral, esa es una de las posibilidades, con tal de que las decisiones sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, particularmente la libertad, estén siempre en manos de los jueces.

Riesgo de parcialidad

P. ¿Pero no existe más riesgo de parcialidad si dirige la instrucción el fiscal, parte en el proceso?

R. Hay otras posibilidades, como desdoblar los órganos judiciales, de manera que unos jueces instruyan y otros juzguen, pero la idea defendida por el fiscal general del Estado no me parece disparatada en modo alguno. Creo que tiene sus problemas y tendría algún riesgo, como el que usted apunta, pero en definitiva, significaría acercarnos a un modelo de proceso anglosajón o puramente acusatorio, que es uno de los que caben en la Constitución.

P. A los 10 años de la elaboración de la Constitución democrática, ¿cómo ve la asimilación de los principales valores constitucionales por el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial?

R. En líneas generales, el balance es muy positivo. Lo que ocurre es que la Constitución ha sido innovadora respecto a la situación jurídico-política anterior y ha obligado a cambiar muchas cosas. Con motivo de la sentencia que estábamos comentando hace un momento se han producido las necesidades de cambio y esto genera unas veces resistencias, otras malhumor y desorientación o genera una lentitud de reacción por parte de los poderes públicos. Cuando se producen esos movimientos sísmicos da la sensación de que mejor sería que no se aplicara la Constitución. Yo naturalmente pienso que está para ser aplicada.

P. ¿Pero se comparte desde el poder esta actitud?

R. En general, los poderes públicos se han tomado muy en serio la primacía de la Constitución. Es cierto que en los primeros años, desde el poder judicial se dijo, incluso en alguna sentencia, que la Constitución sólo contenía principios genéricos, que hasta que no estuvieran reflejados en verdaderas leyes, no había que aplicar. Yo creo que esta actitud ha desaparecido. Por su parte, el legislador ha adaptado muchas leyes a la Constitución y ha mantenido siempre la voluntad de respetarla.

P. ¿Y el poder ejecutivo?

R. En la pura acción de gobierno, hay actos a veces contrarios a la Constitución, contra los cuales muchas veces los ciudadanos reaccionan y dan lugar a sentencias de amparo. Creo que el Gobierno actual, como los anteriores, manifiesta no sólo con palabras, sino con actos, la voluntad de cumplir la Constitución.

Libertad y seguridad

P. ¿No cree que asuntos como el caso Nani, el caso Amedo y algunas resistencias a determinadas órdenes judiciales muestran una propensión del Gobierno a la seguridad, en perjuicio de valores como la libertad o la justicia, considerados superiores por la Carta Magna?

R. De este problema que usted plantea entre seguridad y libertad, naturalmente yo siempre creo que el tribunal deberá pronunciarse, en la medida de lo posible, en favor de la libertad, que efectivamente es un valor superior del ordenamiento jurídico. Considero, sin embargo, que la seguridad es otro valor importante en la convivencia social y que es lógico que, sobre todo determinadas instituciones de la administración, persigan la seguridad, que no es un concepto abstracto, sino la seguridad de los ciudadanos. Creo que es inevitable que surjan conflictos entre una valoración y otra, que deben ser resueltos de forma singularizada por el poder judicial y en último término por este tribunal.