Pureza mortal

UNA QUINCENA de heroinómanos han fallecido en Barcelona durante las dos últimas semanas por sobredosis y 17 han muerto en Madrid en los pasados 20 días por la misma causa. Estas cifras entrarían en el recuento de las tragedias cotidianas si la razón de esas desgracias no fuera la excesiva pureza de la sustancia consumida y no se diera la acumulación en tan breve espacio de tiempo de tantas muertes. En los siete primeros meses de este año, el número de muertes por sobredosis (73) en la capital de España es casi igual a todas las registradas el año pasado (76).Muchos drogadictos asumen conscient...

UNA QUINCENA de heroinómanos han fallecido en Barcelona durante las dos últimas semanas por sobredosis y 17 han muerto en Madrid en los pasados 20 días por la misma causa. Estas cifras entrarían en el recuento de las tragedias cotidianas si la razón de esas desgracias no fuera la excesiva pureza de la sustancia consumida y no se diera la acumulación en tan breve espacio de tiempo de tantas muertes. En los siete primeros meses de este año, el número de muertes por sobredosis (73) en la capital de España es casi igual a todas las registradas el año pasado (76).Muchos drogadictos asumen conscientemente -aunque muy pocos libremente- los costes de su hábito, y en sus tristes cálculos entra el peligro de muerte. Pero esta personal y alocada matemática del riesgo se elabora a partir de una serie de datos entre los que se incluye, como muy principal, una imprecisa suposición sobre el grado de pureza del producto para ajustar la ración. Habitualmente, los mayoristas de heroína blanca engordan la mercancía con glucosa o lactosa, que permiten multiplicar los gramos a distribuir y, en consecuencia, los beneficios. Los minoristas, menos profesionales, añaden adulteraciones más prosaicas, como cualquier fármaco de color blanco o incluso cal. Muchos atestados de fallecimiento por sobredosis encubren una adulteración asesina. Situación inversa a la comentada ahora, pero de similares consecuencias.

La respuesta de la Administración ha sido meramente policial: el rastreo de esta partida para localizar el origen y cortar el suministro. Al margen del improbable éxito total de la pesquisa, lo sucedido requiere nuevamente una reflexión sobre la política institucional en el tema de la droga. El drogadicto es un consumidor desprotegido ante estas manipulaciones porque él mismo se sitúa fuera de la ley. Reconocer este mercado, para controlarlo, no supondría bendecir su existencia, ni, por supuesto, su clientela, a la que una mera prohibición no desalienta, ya que en su dependencia influyen factores tanto sociales como psicológicos que hacen ineficaz cualquier argumento únicamente culpabilizador.

Entre los defensores de la legalización del consumo de droga en determinadas circunstancias se valora el dato de que tal medida supondría un control del mercado -con el objetivo límite de extinguirlo-, actualmente dominado por mafias internacionales. Mafias cuyo poder, económico y político, les permite organizar una matizada clandestinidad que no excluye posibles connivencias en las alturas de determinadas administraciones nacionales e incluso la amenaza de procesos dese stabiliz adores. No hace mucho se planteaba desde estas mismas páginas la necesidad de que se abriera un debate público, siguiendo el ejemplo de países como Estados Unidos y el Reino Unido, sobre la oportunidad de encarar un plan de lucha contra las consecuencias criminales del consumo de droga que no se basase exclusivamente en la prohibición. Un plan así debería ser adoptado, en todo caso, a nivel internacional porque fracasaría si se acotara a las fronteras de un solo país. Pero en tanto eso se debate, se aborda, el Gobierno tiene una tarea por delante. Más bien tiene todo pol- hacer.

El primer fiscal antidroga fracasó en sus intentos de unificar bajo su mando todas las fuerzas policiales que se dedican a la represión del tráfico de drogas. Celos entre los cuerpos y la pésima política policial que ha llevado a cabo el Gobierno de González -de cuya muestra hay varios ejemplos ahora ante los tribunales- impidieron que eso se llevara a cabo. El aumento de la inseguridad ciudadana se debe en un altísimo porcentaje a la criminalidad relacionada con la drogodependencia, y los fracasos continuados en este terreno ponen de relieve una mala dirección política del problema. Mientras tanto, la droga es ya un problema tan grave o peor que el del terrorismo para el bienestar, la seguridad y el futuro de los españoles.