El Gobierno quiere regular las relaciones de los ministros con otros poderes el Estado
La llamada ley del Gobierno abordará Iagunas actuales" en las relaciones del Ejecutivo con los poderes legislativo y judicial, según señalaron ayer fuentes próximas al Gabinete. Esta regulación, que puede tropezar con problemas de constitucionalidad, tiende a resolver las dificultades que el Gobierno cree advertir en las relaciones con los otros dos poderes del Estado, principalmente con los jueces.
Reforzar el fuero de la policía y el anonimato de las unidades antiterroristas, y proteger a los miembros del Gobierno respecto de investigaciones por asuntos que el Consejo de Ministros cla...
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La llamada ley del Gobierno abordará Iagunas actuales" en las relaciones del Ejecutivo con los poderes legislativo y judicial, según señalaron ayer fuentes próximas al Gabinete. Esta regulación, que puede tropezar con problemas de constitucionalidad, tiende a resolver las dificultades que el Gobierno cree advertir en las relaciones con los otros dos poderes del Estado, principalmente con los jueces.
Reforzar el fuero de la policía y el anonimato de las unidades antiterroristas, y proteger a los miembros del Gobierno respecto de investigaciones por asuntos que el Consejo de Ministros clasifique como secreto oficial figuran entre los posibles objetivos de las "reformas legales" mencionadas por el presidente del Gobierno en el Congreso, según medios jurídicos vinculados al partido socialista.De esas medidas sólo existen, por el momento, el criterio político de adoptarlas y algunos estudios de legislación comparada, así como consultas jurídicas sobre la constitucionalidad de las diferentes hipótesis. Fuentes próximas al Ejecutivo aseguran que no hay aún un borrador articulado de texto legal.
Caso de que el Gabinete lleve adelante la idea, las medidas que finalmente se decidan serán incorporadas a un proyecto actualmente en preparación, la llamada "ley del Gobierno", que estaba pensada para otro asunto. Los trabajos preparatorios orientaban el proyecto hacia la sustitución de la vigente ley de régimen jurídico de la Administración del Estado, y abordaban materias tales como la capacidad operativa del presidente del Gobierno, la coordinación entre departamentos ministeriales, los mecanismos de toma de decisión política -en relación con los puramente administrativos- y otros asuntos internos.
Sin embargo, el criterio político de la Moncloa parece consistir en utilizar dicha ley no sólo para regular cuestiones internas del propio Gobierno y de la Administración del Estado, sino aspectos que afectan a las relaciones de los miembros del Gabinete con los demás poderes del Estado. Cabe suponer que se trata de asuntos que no están específicamente previstos en la propia Constitución, que regula ya las relaciones del Ejecutivo y del Legislativo y prevé la exigencia de la responsabilidad política del Gobierno por el Congreso de los Diputados, entre otros puntos capitales.
Estatuto de los ministros
Para ello, la hipótesis gubernamental consiste en utilizar el artículo 98, párrafo 4, de la Constitución, que prevé una ley para regular "el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno". Las incompatibilidades ya están reguladas por otras disposiciones legales; no así el estatuto personal de los miembros del Gobierno. Cómo llenar esa laguna, y de qué forma afecta a las relaciones con otros poderes del Estado, parece ser el objetivo de los estudios emprendidos.Medios jurídicos vinculados al partido socialista creen que la ley del Gobierno tiene que regular también las responsabilidades de los altos cargos y funcionarios sometidos a la misma. Ésa puede ser otra vía para engarzar medidas de refuerzo del fuero policial y del secreto en la actuación del aparato del la seguridad del Estado.
Los medios antes citados llaman la atención, por ejemplo, sobre la necesidad de aclarar y elevar al máximo rango legal el acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de noviembre de 1986, que clasificó como secretas las "estructuras, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas".
Este acuerdo sirvió de base a la negativa del ex ministro del Interior José Barrionuevo a facilitar al juez Baltasar Garzón la información requerida por éste sobre el uso de los fondos reservados de Interior.