El juez de los GAL pide a Barrionuevo datos sobre el uso de los fondos reservados

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que investiga las conexiones de policías e instituciones con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), envió ayer un oficio al ministro del Interior, José Barrionuevo, para que informe sobre el destino de los fondos reservados de su departamento en relación con su posible utilización para pagar mercenarios y organizar atentados de los GAL contra etarras y residentes vascos en Francia, según fuentes próximas al caso.

Asimismo, el juez ha ordenado al director general de la Policía, José...

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que investiga las conexiones de policías e instituciones con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), envió ayer un oficio al ministro del Interior, José Barrionuevo, para que informe sobre el destino de los fondos reservados de su departamento en relación con su posible utilización para pagar mercenarios y organizar atentados de los GAL contra etarras y residentes vascos en Francia, según fuentes próximas al caso.

Asimismo, el juez ha ordenado al director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, que amplíe la información que remitió el pasado miércoles al juzgado sobre el uso de dichos fondos de 1983 a 1987.Rodríguez Colorado reconoció al juez encargado de este caso que el viaje del subcomisario de Policía José Amedo Fouce a Lisboa en enero-febrero de 1986, donde reclutó a mercenarios portugueses que realizaron dos atentados en el sur de Francia -según las contundentes inculpaciones de las justicias francesa y portuguesa-, fue pagado con fondos reservados del Ministerio del Interior.

El reconocimiento de que el viaje de Amedo a Lisboa fue oficial y pagado con dichos fondos provocó que el juez que investiga el caso ordenara al responsable de la Policía y ahora al ministro del Interior que aporten datos sobre el volumen, uso, destino, reglamentación, rendimiento de cuentas y balance anual de dichos fondos entre los años 1983 y 1987, fechas en las que los GAL realizaron numerosos atentados con víctimas mortales en el sur de Francia.

Fuentes de la Dirección General de la Policía explicaron que José María Rodríguez Colorado había solicitado el funcionario encargado de controlar dichos fondos que le remitiera un informe sobre lo solicitado por el juez de la Audiencia Nacional, dado que él llegó a su actual cargo de director en octubre de 1986 y el magistrado requería datos anteriores a su nombramiento.

Respuestas insuficientes

Según fuentes próximas al caso, las respuestas remitidas por José María Rodríguez Colorado al magistrado que investiga los GAL han sido consideradas insuficientes, hecho que ha motivado al magistrado a solicitar una nueva ampliación de datos.

La justicia francesa ha inculpado a Amedo oficialmente de "participación en asociación de malhechores y tentativa de asesinatos" por los dos atentados realizados en febrero de 1986 en el sur de Francia por el grupo de mercenarios portugueses que reclutó el subcomisario de policía, según consta en la documentación francesa y en el mandato de arresto internacional contra Amedo recibido recientemente en el mencionado juzgado.

En esos dos atentados resultaron heridas siete personas, entre ellas una niña de tres años, durante el tiroteo que dirigieron los mercenarios contra los clientes que se encontraban en el bar Batzoki.

Por otra parte, está previsto que hoy declaren ante el juez Baltasar Garzón los miembros de los GAL Daniel Fernández Aceña y Mariano Moraleda Muñoz, encarcelados en España.

El industrial Manuel Navascués Gil, que también había sido citado a declarar hoy, no ha sido localizado hasta el momento, según fuentes próximas al caso. Dicho industrial fue acusado inicialmente de ser el cerebro del atentado que perpetraron los dos mercenarios citados anteriormente, aunque finalmente fue absuelto por la Audiencia Nacional.

Asimismo, el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, defensor de uno de los procesados por la desaparición de El Nani, ha presentado la documentación en ese juzgado para personarse como acusación popular en el caso de los GAL, aunque su solicitud no ha sido admitida oficialmente hasta el momento.