Termina la huelga de los interventores del gasto público
Los interventores del Estado, encargados del control interno del gasto público, decidieron ayer en asamblea dar por terminada la huelga que iniciaron hace dos semanas, al considerar satisfechas sus principales aspiraciones. El paro de esta semana amenazaba con retrasar la tramitación de las nóminas de los funcionarios.
Aunque Hacienda ha insistido durante los últimos días en la inexistencia de negociaciones, fuentes de los interventores manifestaron que las "medidas unilaterales" decididas por Hacienda coinciden básicamente con los deseos de los interventores.
Medios de la Ad...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Los interventores del Estado, encargados del control interno del gasto público, decidieron ayer en asamblea dar por terminada la huelga que iniciaron hace dos semanas, al considerar satisfechas sus principales aspiraciones. El paro de esta semana amenazaba con retrasar la tramitación de las nóminas de los funcionarios.
Aunque Hacienda ha insistido durante los últimos días en la inexistencia de negociaciones, fuentes de los interventores manifestaron que las "medidas unilaterales" decididas por Hacienda coinciden básicamente con los deseos de los interventores.
Medios de la Administración y de los interventores declararon que, una vez terminado el paro, en los próximos días se normalizará la tramitación del gasto público, que empezaba ya a suponer un problema acumulativo. "Los plazos perdidos se van a recuperar, aunque con mucho trabajo de los interventores", dijo Felipe Turiel, presidente de la asociación profesional.
Según Turiel, la asamblea de interventores ha considerado que habrá medidas para que el control del gasto público no siga relegado por la prioridad dada al aumento de la presión fiscal, pues unas han sido anunciadas por la Administración y otras han sido reclamadas por la oposición parlamentaria.
Además, el nuevo catálogo de puestos de trabajo incrementará las puestos de intervención en 36 o 38 y supondrá un incremento de los recursos para los servicios de apoyo próximo a los 1.000 millones.
Otra de las medidas comunicadas por la Administración consiste en garantizar mediante un reglamento la movilidad dentro del cuerpo de inspectores de finanzas, para el acceso de los interventores a otros puestos mejor retribuidos si así lo desean.