La defensa laboral de Alúmina-Aluminio considera nula la rescisión de los contratos
La defensa de los 111 trabajadores del complejo industrial Alúmina-Aluminio de San Ciprián, al norte de la provincia de Lugo, a los que se responsabilizó de la paralización de la factoría, estima que la rescisión de contratos es radicalmente nula, mientras que la defensa de la empresa mantiene que no existió causa justificada para que abandonasen sus puestos de trabajo, según se puso de manifiesto en el transcurso del juicio celebrado ayer ante la Magistratura de Trabajo de Lugo.
Los despidos se llevaron a cabo tras el conflicto surgido en la factoría de Inespal por la negativa de los t...
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La defensa de los 111 trabajadores del complejo industrial Alúmina-Aluminio de San Ciprián, al norte de la provincia de Lugo, a los que se responsabilizó de la paralización de la factoría, estima que la rescisión de contratos es radicalmente nula, mientras que la defensa de la empresa mantiene que no existió causa justificada para que abandonasen sus puestos de trabajo, según se puso de manifiesto en el transcurso del juicio celebrado ayer ante la Magistratura de Trabajo de Lugo.
Los despidos se llevaron a cabo tras el conflicto surgido en la factoría de Inespal por la negativa de los trabajadores a que 255 bidones conteniendo productos tóxicos procedentes del mercante Cason atravesasen el complejo para ser embarcados con destino a Holanda. Esta actitud, y la falta de un acuerdo, provocó la paralización de las dos series de cubas electrolíticas de producción de aluminio, estimándose las pérdidas en unos 16.000 millones de pesetas.El juicio por los 111 despedidos del complejo de Alúmina-Aluminio se celebró después de que terminase sin avenencia el acto previo de conciliación en la sala de la Audiencia Provincial del Palacio de Justicia de Lugo, ante la masiva asistencia de trabajadores y público interesados en seguir el acto. La elevada asistencia obligó a la instalación de un circuito cerrado de vídeo para su seguimiento, mientras en las inmediaciones del edificio se extendieron pancartas suscritas por las centrales sindicales en solidaridad con los despedidos y en demanda de una solución. Como observadores se hallaban en la sala el secretario de acción sindical de la ejecutiva confederal de la UGT, Apolinar Rodríguez; Ignacio Toxo, de CC OO, y los parlamentarios Xosé Manuel Beiras (Bloque Nacionalista) y Camilo Nogueira (Esquerda Galega).
La defensa de los trabajadores, representada por el catedrático Luis Enrique de la Villa y Esperanza López Silvosa, se ratificó en la demanda, considerando que los despidos son radicalmente nulos y, en último extremo, improcedentes. De la Villa, en su exposición, aseguró que en el complejo de San Ciprián no existió huelga, porque no hubo una declaración previa de ella.
"Hubo una cesación de trabajo". El equipo de abogados de la empresa, integrado por Juan Manuel Sagardoy, Daniel Salazar, Julio Veloso y Gómez de Enterría, basó su defensa en una minuciosa exposición cronológica de los hechos.
Los representantes empresariales estiman que existió una decisión unilateral de abandono de las instalaciones pese a los requerimientos por parte de la empresa para cumplir los servicios mínimos.