El comité de Alúmina, dispuesto a recurrir su despido hasta el Tribunal Constitucional
Los 23 miembros del comité de empresa de la factoría de San Ciprián de Alúmina-Alúmina están dispuestos a recurrir su despido ante el Tribunal Constitacional e incluso a llevar el caso hasta el Tribunal de La Haya, porque están convencidos de que el problema no se va a resolver en la Magistratura de Trabajo de Lugo.
El comité de Alúmina-Aluminio, despedido a raiz del conflicto suscitado en la factoría de San Ciprián que originó la paralización del proceso de producción, ha presentado una demanda ante la Magistratura de Trabajo de Lugo por considerar que la empresa adoptó un acuerdo ...
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Los 23 miembros del comité de empresa de la factoría de San Ciprián de Alúmina-Alúmina están dispuestos a recurrir su despido ante el Tribunal Constitacional e incluso a llevar el caso hasta el Tribunal de La Haya, porque están convencidos de que el problema no se va a resolver en la Magistratura de Trabajo de Lugo.
El comité de Alúmina-Aluminio, despedido a raiz del conflicto suscitado en la factoría de San Ciprián que originó la paralización del proceso de producción, ha presentado una demanda ante la Magistratura de Trabajo de Lugo por considerar que la empresa adoptó un acuerdo ilegal por el que fueron despedidos sus 23 miembros.El portavoz del comité de empresa, finalizado el acto, se mostró escéptico respecto a que el problema se resuelva en magistratura, adelantando que es muy probable que se lleve hasta el Tribunal Constitucional e, incluso, el Tribunal de La Haya.
Los representantes de los trabajadores consideran falsas las imputaciones de la dirección de promocionar y participar en una huelga ilegal transgrediendo la buena fe contractual y creen que responden a un propósito intencionado de responsabilizar a los miembros del comité de las consecuencias de unos hechos que denotan la incapacidad directiva.
En el acto celebrado ante Magistratura, el presidente del comité, Ángel Pérez, se reafirmó en la misma posición asegurando que "hemos sido sancionados por el ejercicio de nuestra competencia legal inequívoca en defensa de la seguridad de los trabajadores, puesta en grave peligro por una decisión gubernamental contra la que la empresa no supo reaccionar".
En la demanda, después de relatar los acontecimientos ocurridos desde el encallamiento del buque Cason en las costas coruflesas de Finisterre, alegan también que existió "desinformación oficial, terror popular, estado de alerta social y probado peligro de las sustancias químicas transportadas" desde el mercante hasta las inmediaciones de la factoría, lo que motivó que sus trabajadores la desalojasen.
El próximo día 22 se celebrará en la Magistratura de Lugo el juicio por el despido de otros 109 trabajadores, a los que la empresa rescindió el contrato por los mismos hechos que motivaron el despido del comité.
El Consejo de Aministración de la empresa, por su parte, decidirá el próximo día 17 la fecha en que comenzarán a funcionar las cubas electrolíticas, cuya paralización, el pasado 12 de diciembre, ha supuesto unas pérdidas de 12.000 millones de pesetas.