AP quiere "tirar de la manta" sobre el Canal 10

Alianza Popular presentó ayer en el Congreso una interpelación urgente al Gobierno sobre el Canal 10 para "tirar de la manta" e intentar demostrar la "esterilidad" de la ley de la televisión privada y la existencia de tráfico de influencias, tal y como explicó el diputado Luis Ramallo.

Para el diputado aliancista, la puesta en marcha de este canal de televisión es un "fraude a la intención del legislador", ya que, dijo, supone el funcionamiento de un canal de televisión privada que no se encuentra sujeto a la legislación que sobre la televisión tramitan las Cortes Generales.

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Alianza Popular presentó ayer en el Congreso una interpelación urgente al Gobierno sobre el Canal 10 para "tirar de la manta" e intentar demostrar la "esterilidad" de la ley de la televisión privada y la existencia de tráfico de influencias, tal y como explicó el diputado Luis Ramallo.

Para el diputado aliancista, la puesta en marcha de este canal de televisión es un "fraude a la intención del legislador", ya que, dijo, supone el funcionamiento de un canal de televisión privada que no se encuentra sujeto a la legislación que sobre la televisión tramitan las Cortes Generales.

Luis Ramallo aseguró que el Canal 10 no sólo se encuentra al margen de la ley, sino también de la normativa que está actualmente en vigor, "como lo reconocen los propios directores del Canal 10", dijo. Ramallo señaló que esta situación debe ser explicada por el Gobierno, que debe aclarar también cuál ha sido la gestión en estas empresas del Canal 10 de los antiguos directivos de TVE, "entre ellos José María Calviño [ex director general del Ente Público RTVE], porque se pudiera pensar, y yo creo que con fundamento, que ha habido tráfico de influencias" dijo Ramallo.

Según el diputado aliancista, la existencia de esta situación es lo que ha obligado al Grupo Popular a preguntar al Gobierno qué medidas de política general piensa adoptar en relación a la puesta en marcha del Canal 10.

Ramallo señaló que su grupo no quiere promover medida alguna en contra del citado canal, "ni contra nadie que vaya a favor de la libertad de expresión", sino que quiere denunciar que el Gobierno "ha dejado conscientemente un agujero en la legislación de la televisión privada y que este hueco se ha buscado a próposito para que esto se hiciera como se hizo".