El alcalde de Pontevedra paga una fianza de cinco millones tras un nuevo auto de procesamiento
El alcalde de Pontevedra, José Rivas Fontan, pagó ayer una fianza de cinco millones de pesetas fijada por el titular del juzgado número 3, quien ha decretado su procesamiento por un presunto delito de prevaricación y cohecho en relación con la licencia concedida para la construcción del edificio Silva.El alcalde habrá de hacer frente, además, a una inspección que los peritos realizarán en un chalé de su propiedad para comprobar las características de la construcción. Los constructores del edificio Silva, también procesados, realizaron trabajos en esa vivienda de Rivas Fontan.
El auto di...
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El alcalde de Pontevedra, José Rivas Fontan, pagó ayer una fianza de cinco millones de pesetas fijada por el titular del juzgado número 3, quien ha decretado su procesamiento por un presunto delito de prevaricación y cohecho en relación con la licencia concedida para la construcción del edificio Silva.El alcalde habrá de hacer frente, además, a una inspección que los peritos realizarán en un chalé de su propiedad para comprobar las características de la construcción. Los constructores del edificio Silva, también procesados, realizaron trabajos en esa vivienda de Rivas Fontan.
El auto dictado por el juez Luciano Varela establece, junto al del alcalde, el procesamiento de los actuales tenientes de alcalde Edelmiro Manuel Barreiro Gómez y Germán de la Iglesia Faustino; de los ex tenientes de alcalde Aurelio Cortizo del Campo, Isidro Lago Quinteiro y Manuel Rodríguez Pousada -todos ellos por un presunto delito de prevaricación-; y de los constructores Victoriano Rodríguez Gama y su hijo Basilio Rodríguez Tilve -por un presunto delito de cohecho-.
Rivas. Fontan, al igual que tres de los cinco concejales ahora procesados, ya fue condenado el pasado mes de octubre por la Audiencia Provincial como autor de un delito de atentado a la independencia de jueces y magistrados. Sobre el alcalde pesa una sentencia de inhabilitación por un período de seis años, que está recurrida ante el Tribunal Supremo.