A la segunda va la vencida

Eduardo González Arenas, Eddie, de 41 años, jefe del grupo paramilitar Edelweis, se enfrentaba a una petición fiscal de 450 años de prisión por su intervención en 75 delitos de corrupción de menores con agravante de reincidencia, ya que González Arenas ya fue condenado en 1982 por ese mismo delito. A pesar de lo elevado de la petición, si el tribunal hubiera estimado la solicitud del fiscal, González Arenas sólo hubiera cumplido 18 años de cárcel, es decir el triple de la pena más alta, que eran seis años.

El jefe de Edelweis huyó a Portugal en diciembre de 1984 cuando estall...

Eduardo González Arenas, Eddie, de 41 años, jefe del grupo paramilitar Edelweis, se enfrentaba a una petición fiscal de 450 años de prisión por su intervención en 75 delitos de corrupción de menores con agravante de reincidencia, ya que González Arenas ya fue condenado en 1982 por ese mismo delito. A pesar de lo elevado de la petición, si el tribunal hubiera estimado la solicitud del fiscal, González Arenas sólo hubiera cumplido 18 años de cárcel, es decir el triple de la pena más alta, que eran seis años.

El jefe de Edelweis huyó a Portugal en diciembre de 1984 cuando estalló el escándalo del grupo y a los pocos días fue detenido en Lisboa. Las autoridades portuguesas concedieron su extradición a los seis meses de su detención para que fuera juzgado en España. A continuación ingresó en la cárcel de Carabanchel donde pasó 24 meses. La permanencia en prisión de González Arenas no podía prolongarse por imperativo legal, a pesar de que las autoridades sospechaban que podría intentar fugarse como ya hizo en 1984.

El 4 de julio de 1987 salió en libertad provisional y en la puerta de Carabanchel manifestó que pensaba volver a levantar Edelweis y que no iba a escaparse de España, porque abrigaba plena confianza en salir absuelto del juicio que tenía pendiente.

Sin embargo, esa confianza debió debilitarse habida cuenta que González Arenas ya había sido condenado en 1971 y 1976 por delitos de estafa; en 1979, por escándalo público, y en 1982, por corrupción de menores.

El juicio se retrasó más de dos años debido a los numerosos menores perjudicados a los que se ofreció el ejercicio de acciones, y porque el Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse si el caso era competencia de la Audiencia Nacional o de la Audiencia Provincial.