La memoria de espías, una pesadilla para Thatcher

Unas nuevas memorias de un agente secreto retirado han venido a poner otra vez en evidencia al Gobierno de Margaret Thatcher. La edición limitada de Inside intelligence (El espionaje por dentro) pone en difícil situación al Gobierno, al que la oposición pretende colocar en la tesitura de actuar contra el libro o dejar patente que la campaña contra Spycatcher (Cazador de espías), las memorias de otro agente secreto, es una venganza. En medio del conflicto se erige la política thatcherista de limitar la libertad de expresión.

Antonhy Cavendish, un antiguo agente de los servicios secretos ...

Unas nuevas memorias de un agente secreto retirado han venido a poner otra vez en evidencia al Gobierno de Margaret Thatcher. La edición limitada de Inside intelligence (El espionaje por dentro) pone en difícil situación al Gobierno, al que la oposición pretende colocar en la tesitura de actuar contra el libro o dejar patente que la campaña contra Spycatcher (Cazador de espías), las memorias de otro agente secreto, es una venganza. En medio del conflicto se erige la política thatcherista de limitar la libertad de expresión.

Antonhy Cavendish, un antiguo agente de los servicios secretos de espionaje (MI-6), ha escrito y publicado a sus expensas un opúsculo de 160 páginas y una tirada de 500 ejemplares con el que pretende blanquear la memoria del anterior jefe del MI-6 y antiguo responsable de seguridad en el Ulster, Maurice Olfield acusado de dar vía libre a su homosexualidad durante su estancia en la provincia norirlandesa.Cavendish no ocupó destacadas posiciones en el MI-6, y abandonó tales actividades en 1953, por lo que Inside intelligence no hace revelaciones explosivas.

Sin embargo, el Gobierno trató, y consiguió en su día, que nóo se publicara el libro, al advertir a la editorial que secuestraría los eventuales beneficios.

El autor, hoy un acomodado banquero, optó por la única vía que le quedaba y decidió publicar su propia obra. Los 500 ejemplares se los ha enviado como regalo de Navidad a políticos y jueces.

El Gobierno ha manifestado que deplora la violación de la confidencialidad por parte de Cavendish, y le ha pedido que explique las razones de la publicación del libro e informe de quiénes lo han recibido.

El banquero ex espía niega que haya violado ningún compromiso, porque el acuerdo de mutismo que afecta a los agentes sólo entró en vigor en los servicos secretos tras la huida del agente doble Kim Philby a la URSS en 1963.

Este nuevo título ha colocado al Gobierno en una incómoda posición, al establecer cierto paralelismo con Spycatcher. "Yo reto directa y personalmente a Margaret Thatcher a tomar medidas contra este libro o a abandonar todas las acciones contra Spycatcher", dice el portavoz de Asuntos Exteriores de la oposición, George Foulkes. "De lo contrario quedará en evidencia lo que es la interminable persecución contra el libro de Wright, una vendetta rencorosa".

En Spycatcher, escrito por Peter Wright, que fue máximo responsable del servicio de informacion británico (MI-5) y hoy vive retirado en Tasmania, se denuncian actividades ilegales de esa agencia, en cuyas filas hubo quien llegó a planear la desestabilización del Gobierno del laborista Harold Wilson y a considerar el asesinato del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, entre otras extralimitaciones.

El Gobierno del Reino Unido lleva año y medio y 400 millones de pesetas invertidos en tratar de impedir la publicación del libro y su reproducción o glosa por la Prensa, en una acción judicial emprendida después de que tales alegaciones fueran de dominio público.

Este caso de enfrentamiento gubernamental con los medios de comunicación es uno más de los que han sembrado el año que ahora concluye, motejado desde las páginas del nada sospechoso The Sunday Times como "el año en que trataron de ahogar la libertad de expresión". La Prensa británica ha tenido que batirse como ha podido en numerosos frentes, por la libertad de expresión y contra cuestionables medidas del Gabinete y de la judicatura.

Requisa policial

A partir de enero, que comenzó con la requisa policial de un programa de la BBC sobre un satélite espía, han ido sucediéndose decisiones como la de extender a todos los medios de comunicación la prohibición de informar sobre Spycatcher, la de pretender que se entreguen a los jueces fotos e imágenes no publicadas relativas a un conflicto que se dirime en los tribunales; la censura de un programa de la BBC-Radio sobre los servicios de espionaje; la prohibición de emitir la reconstrucción de un juicio sobre presuntos terroristas, y la pretensión de que un periodista revele sus fuentes.Entre los propios parlamentarios conservadores, esta lucha sin cuartel de Thatcher con la Prensa produce desazón.

En lo relativo a cuestiones de seguridad, el Gobierno parece víctima de una agudización del síndrome del secretismo que afecta a toda Administración política. Para conseguir sus objetivos, sin embargo, ha optado por prescindir de la ley de Secretos Oficiales y recurrir a otras, como la relativa a la confidencialidad, nacida para defender cuestiones comerciales y el derecho a la vida privada.

La ley de Secretos Oficiales lidia en segunda sección con una panoplia de más de 2.000 asuntos que deben ser confidenciales, y puede resumirse en que todo lo que cualquier funcionario gubernamental conozca en el ejercicio de sus funciones es secreto, incluido el menú del almuerzo del bar del ministerio.

El carácter omnicomprensivo de esta sección ha producido aJ Gobierno algún sonoro chasco judicial, en buena parte debido a que las causas seguidas en aplicación de esta ley deben dirimirse con un jurado, que a veces se ha reído de la irracionalidad burocrática.

Margaret Thatcher quiso sustituir nada más llegar al Gobierno esa ley de 1911 por otra sobre Protección de la Información Oficial, pero la idea de tal cambio fue abandonada al quedar de manifiesto que su letra hubiese impedido a cualquiera fuera del Gobierno revelar que Anthony Blunt, asesor artístico de la reina, fue un espía soviético, descubrimiento realizado mientras se consideraba la ley.