El fiscal del 'caso Bardellino', propuesto para una plaza del Tribunal Supremo
El Consejo Fiscal ha decidido proponer a Juan Manuel Poyatos Bernáldez para que ocupe una plaza vacante en el Tribunal Supremo. Poyatos es el fiscal que con su firma avaló la puesta en libertad provisional del mafioso Antonio Bardellino, lo que facilitó su huida. El acuerdo, que fue adoptado por mayoría en una reunión del organismo, ha sido criticado por un sector de fiscales vinculados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que desde hace tiempo se muestra disconforme con la política de nombramientos.
El pasado día 7 de diciembre se reunió el Consejo Fiscal bajo la presidencia del F...
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El Consejo Fiscal ha decidido proponer a Juan Manuel Poyatos Bernáldez para que ocupe una plaza vacante en el Tribunal Supremo. Poyatos es el fiscal que con su firma avaló la puesta en libertad provisional del mafioso Antonio Bardellino, lo que facilitó su huida. El acuerdo, que fue adoptado por mayoría en una reunión del organismo, ha sido criticado por un sector de fiscales vinculados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que desde hace tiempo se muestra disconforme con la política de nombramientos.
El pasado día 7 de diciembre se reunió el Consejo Fiscal bajo la presidencia del Fiscal General del Estado, Javier Moscoso. En el transcurso de la reunión los miembros de este cuerpo consultivo examinaron las propuestas de nombramiento para ocupar diferentes cargos, entre los que figuraba una vacante del Tribunal Supremo. La mayoría de los reunidos acordó apoyar la candidatura presentada por Juan Manuel Poyatos para ocupar esta plaza, y sugirió al Fiscal General del Estado que trasladase la propuesta al ministro de Justicia, para que a su vez la plantee ante el Consejo de Ministros.A Juan Manuel Poyatos se le vinculó públicamente, en marzo de 1984, con el caso Bardellino, pues él fue quien firmó la notificación del auto decretando la libertad provisional del mafioso, que aprovechó esta circunstancia para huir. Poyatos no comunicó este trámite a su jefe directo, Melitino García Carrero, ni al Fiscal General del Estado de entonces, Luis Antonio Burón Barba. Tampoco adoptó ninguna medida tendente a paralizar la decisión judicial, lo que hubiese impedido que el delincuente abandonase la prisión.
La primera reacción de Poyatos cuando se hizo público el hecho fue asegurar que su firma había sido falsificada. Dijo, además, que él siempre firmaba los escritos con un rotulador, y subrayó que en aquel caso la rúbrica estaba hecha con bolígrafo. Sus afirmaciones fueron desmentidas por el Fiscal General del Estado, Luís Antonio Burón Barba, que aseguró que no hacía falta realizar ninguna prueba caligráfica para comprobar la autenticidad. Poyatos acabó reconociendo la autoría de la firma.
Como consecuencia de ésto, en marzo de 1984 la Fiscalía General del Estado abrió un expediente disciplinario contra Poyatos, para establecer si su pasividad en este tema podía merecer algún tipo de reproche. Un mes más tarde estas diligencias disciplinarias fueron sobreseídas y archivadas por falta de pruebas, sin que de las mismas pudiera derivarse ninguna responsabilidad.
Eugenio López
Además de este acuerdo, el Consejo Fiscal en su reunión del pasado día 7 de diciembre decidió apoyar mayoritariamente la candidatura de Eugenio López como teniente fiscal en el Servicio de Inspección Fiscal. Eugenio López, que ocupa actualmente la plaza de fiscal en la Inspección, fue con anterioridad fiscal jefe de la Audiencia de Burgos. Durante el régimen anterior tuvo un cargo destacado en la Organización del Frente de Juventudes, vinculada a Falange Española, y desempeñó el cargo de gobernador civil.
El acuerdo del Consejo Fiscal de apoyar estas dos candidaturas ha sido criticado por algunos fiscales vinculados a la UPF, que desde hace unos meses se muestran descontentos con la política de ascensos y nombramientos. Un sector de estos disidentes podrían propugnar el abandono del Consejo Fiscal, en el que ahora se encuentran minoritariamente representados.
El Consejo Fiscal es un órgano consultivo del Fiscal General del Estado. Sus miembros son escogidos por los componentes de la carrera. Su misión es asesorar al Fiscal Jefe en cuestiones administrativas y de nombramientos, y tiene la misión de ayudar a unificar criterios.