La liberalizacion del transporte aéreo en la CE se aplicará a partir del 1 de enero

Con una inhabitual ovación, los ministros de Transportes de los doce acogieron ayer su propia decisión de aprobar la primera fase de la liberalización del tráfico aéreo en la CE, que entrará en vigor el 1 de enero, y a la que se sumarán otros países europeos. El titular belga de Transportes, Hermann de Croo, auténtico artífice del compromiso sobre la desregulación que no pudo ser adoptado en junio a causa del contencioso hispano-británico sobre Gibraltar, y su homólogo danés, Noer Christensen, que preside el Consejo de Ministros, se abrazaron entonces con los aplausos como ruido de fondo.
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Con una inhabitual ovación, los ministros de Transportes de los doce acogieron ayer su propia decisión de aprobar la primera fase de la liberalización del tráfico aéreo en la CE, que entrará en vigor el 1 de enero, y a la que se sumarán otros países europeos. El titular belga de Transportes, Hermann de Croo, auténtico artífice del compromiso sobre la desregulación que no pudo ser adoptado en junio a causa del contencioso hispano-británico sobre Gibraltar, y su homólogo danés, Noer Christensen, que preside el Consejo de Ministros, se abrazaron entonces con los aplausos como ruido de fondo.

Visiblemente satisfecho el representante español, Abel Caballero, no dudó en afirmar que se abría una "nueva etapa" en el transporte aéreo en Europa que "para los ciudadanos españoles será más asequible" ahora y más aún dentro de tres años cuando entre en vigor la segunda fase de la liberalización. A una de las directivas aprobadas ayer le ha sido añadido un párrafo introductorio en el que se recuerda que "la aplicación de esta decisión al aeropuerto de Gibraltar no perjudica a las posturas legales del Reino de España y del Reino Unido a propósito de la disputa sobre la soberanía del territorio dónde está situado el aeródromo".La aplicación de esta decisión al conflictivo aeropuerto, prosigue el texto, "será suspendida hasta que los acuerdos de la declaración conjunta hecha por los ministros de Asuntos Exteriores del Reino de España y del Reino Unido el 2 de diciembre de 1987 sean efectivos". Para que puedan serlo es necesaria su aceptación por las instituciones del Peñón. También es necesario que esté construida la terminal proyectada del ado español de la verja.El ministro británico de Transportes, Paul Channon, rehusó especular sobre la introducción por los gibraltareños de las medidas legales que permitan la utilización conjunta del polémico aeródromo y se limitó a recordar que "dependía exclusivamente de ellos" mientras su colega español aseguraba que "no entendería muy bien porqué razón no se modificaría la legislación porque el acuerdo es también ventajoso para la población gibraltareña".La liberalización finalmente aprobada ayer consta de tres grandes capítulos, aunque el que afectará a primera vista a los usuarios será el primero que prevé conceder descuentos sobre las actuales tarifas de referencia que oscilarán entre un 10% y un 55%.

Capacidades

El segundo capítulo es la llamada ruptura del actual reparto al 50% de capacidades, o del número de asientos disponibles, entre dos compañías rivales que operan una misma ruta y que permitirá a las empresas más dinámicas ofrecer, ahora, hasta un 18% más de plazas que su competidora y a partir de 1990 hasta un 50% más.

Desde un punto de vista económico, el tercer y último capítulo, concerniente el acceso al mercado, es de lejos el más importante y se subdivide a su vez en tres aspectos. El primero es la llamada múltiple designación o la facultad para un Estado miembro de autorizar a varias de sus compañías a efectuar un mismo trayecto en lucha no sólo con la línea aérea de otro país comunitario sino entre ellas. El número de rutas afectadas a partir de España será inicialmente de cuatro.

Queda también instaurada una total libertad para emprender vuelos regulares entre aeropuertos de primera categoría y regionales siempre y cuando se enlacen con aparatos cuya capacidad no exceda los 70 pasajeros. Seis aeródromos españoles -Barcelona, Málaga, Valencia, Sevilla, Alicante y Bilbao- quedan excluidos de esta disposición durante tres años pero otros 27 no.

España es, por último, el único país comunitario que consigue librarse también durante tres años de la quinta libertad, consistente para una línea aérea europea en poder transportar a pasajeros entre dos aeropuertos españoles y para Iberia entre no españoles.