Interior y Justicia negocian en secreto con la oposición la derogación de la ley antiterrorista

El Gobierno mantiene conversaciones secretas con dirigentes de las principales fuerzas parlamentarias para intentar un acuerdo sobre el tratamiento de los delitos terroristas en el Código Penal, en la ley de Enjuiciamiento Criminal y en la ley orgánica del Poder Judicial ante la perspectiva de la derogación de la ley antiterrorista. Mientras que Alianza Popular considera inicialmente aceptables los criterios del Gobierno, el portavoz de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, manifestó ayer que estima intolerables unas tesis "que suponen el trasvase de las cuestiones básicas de la ley anterrorista...

El Gobierno mantiene conversaciones secretas con dirigentes de las principales fuerzas parlamentarias para intentar un acuerdo sobre el tratamiento de los delitos terroristas en el Código Penal, en la ley de Enjuiciamiento Criminal y en la ley orgánica del Poder Judicial ante la perspectiva de la derogación de la ley antiterrorista. Mientras que Alianza Popular considera inicialmente aceptables los criterios del Gobierno, el portavoz de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, manifestó ayer que estima intolerables unas tesis "que suponen el trasvase de las cuestiones básicas de la ley anterrorista a la legislación ordinaria".

La revelación de los contactos mantenidos entre el ministro del Interior, José Barrionuevo, y el de Justicia, Fernando Ledesma, con dirigentes de la oposición la realizó ayer el portavoz gubernamental, Javier Solana, al anunciar que el Ejecutivo dispone ya de la opinión de las principales fuerzas parlamentarias sobre la normativa que sustituirá a la legislación antiterrorista. Normativa que, según Solana, el Gobierno decidió ayer enviar a principios de la semana próxima al Consejo General del Poder Judicial con objeto de disponer de su informe preceptivo y poder derogar, "seguramente en la próxima reunión del Consejo de ministros", la ley antiterrorista.Tanto Barrionuevo como Ledesma han solicitado a sus interlocutores de la oposición el llevar a cabo los contactos con "discreción" y mantenerlos en reserva. Ayer mismo el presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Xabier Arzalluz, se entrevistó en Madrid con el ministro de Justicia, según fuentes nacionalistas. El líder del PNV trasladó a Ledesma las discrepancias de su partido con los criterios iniciales del Gobierno respecto al plazo máximo de detención de los terroristas, la intervención de la Audiencia Nacional y el papel de los jueces naturales en la instrucción de los sumarios.

El presidente nacional de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, se entrevistó "en los últimos días", según un colaborador suyo, con el ministro del Interior para ser informado de las propuestas concretas del Gobierno. El dirigente aliancista consideró inicialmente aceptables los criterios del Gobierno, si bien dejó pendiente de nuevas reuniones la actitud definitiva de su partido ante la oferta del Ejecutivo.

Un destacado dirigente del Centro Democrático y Social (CDS) se entrevistó asimismo en fechas recientes con José Barrionuevo para estudiar las consecuencias legislativas de la derogación de la ley antiterrorista. Un portavoz del CDS rehuyó ayer precisar la opinión de su partido y se limitó a señalar que "el contacto supuso una primera información".

Oposición de IU

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, reconoció ayer que el pasado martes mantuvo una "reunión informativa" con el ministro del Interior en la que éste le expuso los planes del Gobierno, "sin que aportase un documento ni hubiese negociación alguna". "Yo le expresé un neto y profundo desacuerdo con las modificaciones que se pretenden introducir en el Código Penal, la ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley Orgánica del Poder Judicial, porque en lo esencial", explicó Sartorius, "supone un trasvase de las cuestiones básicas de la ley antiterrorista a otras leyes".Sartorius resaltó que considera "inaceptable", entre otras, la pretensión del Gobierno de "mantener la Audiencia Nacional y sostener la posible ampliación en 48 horas del plazo de tres días de detención".