La Administración trata a los españoles como súbditos, según el Defensor del Pueblo

El defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, pondrá de manifiesto el próximo jueves, en el Pleno del Congreso de los Diputados, la escasa colaboración de muchos ayuntamientos españoles para colaborar con esta institución, el aumento de los malos tratos en las cárceles a presos comunes y las actuaciones administrativas, "que se corresponden más con una concepción de los españoles como súbditos que como ciudadanos. El comportamiento de la Administración económica es un doloroso ejemplo de ello", señala Ruiz-Giménez en la memoria de 1986 que presentará en la Cámara baja.

La Oficina del De...

El defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, pondrá de manifiesto el próximo jueves, en el Pleno del Congreso de los Diputados, la escasa colaboración de muchos ayuntamientos españoles para colaborar con esta institución, el aumento de los malos tratos en las cárceles a presos comunes y las actuaciones administrativas, "que se corresponden más con una concepción de los españoles como súbditos que como ciudadanos. El comportamiento de la Administración económica es un doloroso ejemplo de ello", señala Ruiz-Giménez en la memoria de 1986 que presentará en la Cámara baja.

La Oficina del Defensor del Pueblo ha recibido durante sus cuatro años de actividad institucional 85.000 quejas, 13.678 en 1986, muchas de ellas correspondientes a amplios colectivos, lo que les permite estimar que más de 400.000 personas han llevado sus problemas a este comisionado de las Cortes. La memoria que Ruiz-Giménez presentará en las Cortes el jueves, correspondiente a 1986, de casi 1.200 páginas, recoge de forma exhaustiva las quejas por áreas de los ciudadanos, la respuesta de la administración correspondiente y las recomendaciones que el Defensor realiza al organismo del Estado que se trate.En esta institución se asegura que el informe que ellos realizan es el único que abarca un examen completo del funcionamiento de las administraciones públicas que no es del todo optimista, según se dice en un comentario que acompaña a la memoria: "Se aprecia la necesidad de combatir la tradicional disociación de intereses entre la Administración y los ciudadanos. Las páginas del informe muestran que aún se siguen produciendo actuaciones administrativas que se corresponden más con una concepción de los españoles como súbditos que como ciudadanos. El comportamiento de la administración económica es un doloroso ejemplo de ello, las respuestas del Ministerio de Economía y Hacienda al Defensor del Pueblo revelan muchas veces esa filosofía".

A este respecto, el informe dice: 'La administración económica suele fundamentar su actuación en el principio de que en la duda corresponde siempre al ciudadano la carga de la prueba, el impulso del expediente recuperatorio o de devolución de cantidades ingresadas en exceso en el Tesoro".

Malos tratos en las cárceles

Los informes de 1983, 1984 y 1985 señalaban el esfuerzo realizado por las instituciones penitenciarias para acabar con los malos tratos. "Por ello es de lamentar que durante 1986 se haya producido un aumento de las quejas que tenían como base la denuncia de presuntos malos tratos por parte de funcionarios a internos". La memoria, a título de ejemplo, recoge algunas de las quejas con descripciones estremecedoras de los propios internos o de sus madres.

Técnicos de la Oficina del Defensor del Pueblo se han traslado a las 86 cárceles españolas y trabajan actualmente en un informe monográfico dedicado a estos establecimientos. Ruiz-Giménez resaltará el jueves el esfuerzo realizado en este campo, aunque denunciará las muchas deficiencias que persisten. "Edificios vetustos, carentes de los más elementales servicios, hacinamiento de una población reclusa que sobrepasa las 25.000 personas, higiene muy deficiente, presupuesto de alimentación insuficiente, ausencia de incentivo de trabajo de efectos nocivos sobre los jóvenes, que consumen drogas en cantidades alarmantes en el interior de los centros penitenciarios".

El Defensor destaca en ésta ocasión la actitud poco colaboradora de numerosos ayuntamientos, que han tenido que ser requeridos para que respondan en virtud de la obligación que tienen para con esta institución. "En otros casos existe una resistencia consciente a informar sobre determinados extremos de la gestión municipal, y un último grupo, lo constituyen los municipios que entorpecen deliberadamente la acción del Defensor del Pueblo", está escrito en la memoria. Ruiz-Giménez quiere informar al Parlamento de estos numerosos casos de "'administraciones morosas", porque es su obligación y porque con ello se deja a los ciudadanos "inermes ante el abuso de poder que esas actitudes entrañan".

En cada uno de los capítulos de la memoria se expresa el número de quejas que han tenido solución por la acción del Defensor del Pueblo. Por otra parte, hasta el momento, 74 recomendaciones de la institución realizadas al Gobierno han sido asumidas y están en el Boletín Oficial del Estado.