Cartas al director

Desafueros de autor

Antes de entrar en la polémica entre la SGAE (Sociedad General de Autores), apoyada por la AFIVE (Asociación Fonográfica y Videográfica Española), y la AERP (Asociación Española de Radiodifusión Privada), me gustaría distinguir entre los legítimos derechos de los autores, como ese social que vive o desea vivir de sus manufacturas, y la oligarquía que controla la SGAE, bajo la tutela de las multinacionales del sector representadas por la AFIVE.La problemática es antigua y cíclica. Baste citarlos últimos y notorios enfrentamientos de los gestores de la SGAE, primero con TVE, luego con la televis...

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Antes de entrar en la polémica entre la SGAE (Sociedad General de Autores), apoyada por la AFIVE (Asociación Fonográfica y Videográfica Española), y la AERP (Asociación Española de Radiodifusión Privada), me gustaría distinguir entre los legítimos derechos de los autores, como ese social que vive o desea vivir de sus manufacturas, y la oligarquía que controla la SGAE, bajo la tutela de las multinacionales del sector representadas por la AFIVE.La problemática es antigua y cíclica. Baste citarlos últimos y notorios enfrentamientos de los gestores de la SGAE, primero con TVE, luego con la televisión autonómica catalana y ahora con la AERP, a la que pretende cobrar "algo más de mil millones de pesetas" amparada en unos contratos "que tienen sus orígenes en la normativa franquista de los años cuarenta" y que se vienen aplicando con arbitrariedad notorias.

Cobrar unas cuotas sobre la publicidad y no sobre la música realmente utilizada es una muestra de esta arbitrariedad, y hace realmente difícil explicarse cómo pueden repartirse los derechos de autor, si no es más bien a dedo.

Puedo asegurar, como ex presidente de la Asociación de las Pequeñas y Medias Editoras Fonográficas, que la doble imposición con la SGAE pretende -derechos de autor y utilización pública de discos, ésta última destinada a los editores-, no ha sido jamás cobrada por ninguna de las 60 y tantas empresas de APYMEF.

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Esperemos que la nueva ley de propiedad intelectual enmiende estos desafueros, y que alguien, alguna vez, haga una auditoría a estos arbitrarios y poco claros gestores, para saber cómo consumen los elevados porcentajes que perciben por sus laberes administrativas-Raimon Cuxart i Guàrdia.

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