Dura polémica sobre irregularidades económicas entre EE y el PNV

El grupo de Euskadiko Ezkerra (EE) en las Juntas Generales de Vizcaya pidió ayer al Partido Nacionalista Vasco (PNV) que recuse a su candidato a diputado general, Alberto Pradera, por presuntas irregularidades económicas en la percepción de cesantías. La polémica, que ya dura varios días, está provocando acusaciones recíprocas sobre comportamientos dudosos en el manejo de fondos públicos.Euskadiko Ezkerra mantiene que Pradera no es digno de presidir la Diputación Foral de Vizcaya y sostiene que en ocho años ha cobrado sucesivamente tres cesantías, tras el abandono de otros tantos cargos oficia...

El grupo de Euskadiko Ezkerra (EE) en las Juntas Generales de Vizcaya pidió ayer al Partido Nacionalista Vasco (PNV) que recuse a su candidato a diputado general, Alberto Pradera, por presuntas irregularidades económicas en la percepción de cesantías. La polémica, que ya dura varios días, está provocando acusaciones recíprocas sobre comportamientos dudosos en el manejo de fondos públicos.Euskadiko Ezkerra mantiene que Pradera no es digno de presidir la Diputación Foral de Vizcaya y sostiene que en ocho años ha cobrado sucesivamente tres cesantías, tras el abandono de otros tantos cargos oficiales. La última acusación fue que se había dado de alta en el desempleo pese a haber percibido una cesantía al abandonar la dirección general de los ferrocarriles vascos.

Por su parte, Pradera argumentó que estaba obligado por contrato con los ferrocarriles vascos a inscribirse en el desempleo y a entregar el subsidio íntegramente a su antigua empresa, cirscunstancia que conocía EE. El candidato del PNV contraatacó revelando que Olaberri había percibido horas extraordinarias mientras ocupaba la subdirección general de la Consejería de Transportes, cuando su titular era Bandrés.

Pradera aseguró también que Bandrés introdujo a compañeros de partido en su departamento, con contrato indefinido, y firmó censantías sin más control que su propia firma y sin que estuvieran reguladas por ley. Tanto Bandrés como Olaberri han presentado en un juzgado de San Sebastián demanda de conciliación contra Pradera para que se avenga a reconocer que sus actuación en la Consejería de Transportes fue legal.