De 'espalda mojada' a ciudadano del imperio

Para millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos -entre tres y cinco-, el 5 de mayo será una jornada histórica. Una nueva ley, la legislación social más importante de los últimos 20 años, les permitirá salir a la luz del día y abandonar el país sumergido de no ciudadanos en el que se movían hasta ahora. Si consiguen demostrar que viven aquí permanentemente desde antes del 1 de enero de 1982, obtendrán una amnistía, su situación se legalizará como residentes temporales y en 18 meses podrán convertirse en permanentes, e incluso en el futuro en ciudadanos norteamericanos.

Se trata d...

Para millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos -entre tres y cinco-, el 5 de mayo será una jornada histórica. Una nueva ley, la legislación social más importante de los últimos 20 años, les permitirá salir a la luz del día y abandonar el país sumergido de no ciudadanos en el que se movían hasta ahora. Si consiguen demostrar que viven aquí permanentemente desde antes del 1 de enero de 1982, obtendrán una amnistía, su situación se legalizará como residentes temporales y en 18 meses podrán convertirse en permanentes, e incluso en el futuro en ciudadanos norteamericanos.

Se trata de frenar la imparable oleada de ¡legales a los que se culpa del aumento de la droga y del crimen y de quitar puestos de trabajo a ciudadanos norteame ricanos, afectados por la crisis de algunos sectores industriales. Pero incluso los más optimistas sólo esperan una reducción del 20% al 30% de la inmigración ilegal. A pesar de la ley, la inestabilidad social, económica y política de los países centroamericanos seguirá impulsando a cientos de miles de personas a buscar la supervivencia económica en el rico vecino del Norte.Alfonso López, 48 años, llegó a San Diego y ha trabajado en un almacén de esa ciudad californiana desde 1974. Admite que ha rezado por que el Congreso aprobara la nueva ley de Reforma y Control de la Inmigración, forzada en gran parte por la necesidad de poner fin a la hipocresía de que los ¡legales podían ser deportados, pero no era ilegal para los empresarios contratarlos como mano de obra barata.

Las frutas y vegetales de California no podrían ser recogidos sin los ilegales. "Ya dejaré de ser un prisionero. No me atrevía a cruzar la frontera para ver a mi familia. No he visitado a mi madre desde hace 10 años", afirma Alfonso. Los ilegales tienen un año para pedir su legalización. Para los que no se acojan a la amnistía la vida será mucho más difícil en EE UU a partir del martes.

A partir de este día, el empleo de ilegales será castigado con multas que pueden ir desde 250 a 10.000 dólares, e incluso seis meses de cárcel. La ley obliga a cada empresario o ama de casa que tiene a una salvadoreña o a una guatemalteca a garantizar que cada trabajador que emplean es legal. Pero no podrán ser sancionados por ilegales que contrataron antes del pasado noviembre, cuando se aprobó la ley.

Para evitarse problemas, han despedido injustamente a muchos hispanos potencialmente ilegales. Incluso en algunos casos están pidiendo a los trabajadores un depósito para garantizar el pago de eventuales multas.

El fantasma de la trampa

Pero la ignorancia, el miedo y la complejidad de la ley -los ilegales son casi siempre muy pobres y con una educación muy deficiente-, pueden echar atrás a muchos potenciales usuarios de la misma. Algunos preferirán seguir subterráneos, por miedo a que sea una trampa de las autoridades para sacarlos a la luz y posteriormente deportarlos, explica Guillermo Barrientos, un espalda mojada mexicano que vino a EE UU en 1977.Lo ocurrido el pasado año en El Paso (Tejas) apoya estos temores. Los funcionarios de Inmigración llamaron a personas que sospechaban eran ¡legales, comunicándoles que habían ganado una furgoneta. Los 55 que se presentaron fueron deportados.

El escepticismo de muchos ¡legales se explica también porque la amnistía es individual y no se extiende a los familaires. La legalización del marido como residente legal, por ejemplo, no implica automáticamente la de su esposa e hijos que llegaron más tarde de 1982 a EE UU y que pueden ser deportados.

Por último, la amnistía no es gratis, y para una familia puede ascender a 1.000 dólares, necesarios para hacer frente a todo el proceso burocrático, exámenes médicos y ayuda de abogados. La tasa por la legalización es de 185 dólares por persona y 420 para una familia, cantidades importantes para personas que normalmente están trabajando por el salario mínimo o incluso por debajo.

Pero cientos de miles de flegales que llegaron después de 1982 o que no serán capaces de demostrar una residencia permanente desde entonces, corren el riesgo de ser deportados. Ya está funcionando un mercado negro, disfrazado de consultorías de inmigración, capaz de suministrar papeles falsificados -desde carnés de conducir a recibos de luz o teléfono y falsos contratos de alquiler- para hacer residentes legales. Para algunos observadores es bastante absurdo exigir papeles a gente que precisamente han sobrevivido huyendo de la necesidad de documentos.

La nueva oleada de indocumentados que huyen de los conflictos de Nicaragua, Guatemala o El Salvador no podrán acogerse a la amnistía por ser su ingreso en el país muy reciente. Sin contar a México, entre 80.000 y 1.300.000 centroamericanos viven en Estados Unidos, en su mayor parte fuera de la ley.

La amenaza de deportación pone los pelos de punta a los Gobiernos de México y El Salvador. El presidente salvadoreño, José Napoleón Duarte, ha escrito una carta confidencial a Ronald Reagan pidiéndole que no deporte a 500.000 salvadoreños (el 10% de la población de ese país) que llegaron a Estados Unidos ¡legalmente después de 1982.

Duarte confiesa que sería desestabilizador para su frágil democracia y desastroso para su economía, que perdería entre 400 y 600 millones de dólares anuales, que envían a su país los ex¡liados.

"Eliminar estos fondos procedentes de Estados Unidos (más que la ayuda anual que Washington envía a El Salvador) sería otro golpe contraproducente a nuestro objetivo conjunto de negar Centroamérica a los regírnenes marxistas-leninistas", explica Duarte. El Departamento de Estado, por motivos políticos, apoyaría la petición de Duarte, pero el Ministerio de Justicia la considera improcedente. Teme que si se produce una excepción -se ha sugerido, como se ha hecho con los polacos, afiganos y etíopes, retrasar las deportaciones concediendo un status especial de progreso voluntario prorrogado- se romperá el principio de generalidad de la ley y los ha:ítianos, dominicanos o guatemaltecos querrán el mismo tratamiento.