El juzgado inicia una investigación sobre la expulsión ilegal de polizones

El Juzgado que ayer se encontraba de guardia en Barcelora inició una Investigación sobre las actividades de las empresas privadas dedicadas a detener y expulsar irregularmente a los polizones de los barcos que amarran en puertos españoles. Samuel Olaf Bull, uno de los empresarios supuestamente implicados en esta actividad, prestó ayer por la tarde declaración ante el juez.Bull llegó al juzgado hacia las seis de la tarde, acompañado de un abogado. Le tomó declaración el magistrado juez Gerard Thomas, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. La diligencia se prolongó durante cer...

El Juzgado que ayer se encontraba de guardia en Barcelora inició una Investigación sobre las actividades de las empresas privadas dedicadas a detener y expulsar irregularmente a los polizones de los barcos que amarran en puertos españoles. Samuel Olaf Bull, uno de los empresarios supuestamente implicados en esta actividad, prestó ayer por la tarde declaración ante el juez.Bull llegó al juzgado hacia las seis de la tarde, acompañado de un abogado. Le tomó declaración el magistrado juez Gerard Thomas, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. La diligencia se prolongó durante cerca de una hora.

En medios jurídicos se aseguraba que en las próximas horas serían llamadas a declarar otras personas relacionadas con el caso. Estas fuentes añadían que algunos de los funcionarios de policía destacados en la comisaría del puerto barcelonés podrían ser requeridos por el Juez para prestar declaración.

Samuel Olaf Bull, de 38 años, de origen noruego y afincado en Barcelona, es propietario de una empresa dedicada al peritaje naval. Pero, según reconoció él mismo en unas declaraciones recogidas ayer por EL PAÍS, se dedica especialmente a las tareas de expulsión de los polizones. Bull aseguraba en estas declaraciones que se hacía cargo de los polizones los conducía a un hotel barcelonés donde los mantenía custodiados hasta que encontraba un medio de transportarlos a sus países de origen.

Estas expulsiones realizadas por particulares, que se practican sin conocimiento del juez y soslayando la ley de Extranjería, son abiertamente irregulares, insisten medios jurídicos. El último incidente relacionado con estas actividades aconteció el pasado 20 de febrero, cuando dos polizones que se encontraban a bordo del buque Mouina, de bandera panameña, recalado en Barcelona, huyeron de la nave. La policía que custodiaba el buque persiguió y localizó a los huidos en el barrio barcelonés del Carmelo, devolviéndolos posteriormente a la nave sin pasarlos por el juzgado de guardia.

Estos dos polizones viajan con otros dos compañeros de raza árabe en el buque Mouina desde hace aproximadamente dos meses, sin que nadie quiera hacerse cargo de ellos ni se les permita desembarcar. Al parecer, la compañía naviera aseguradora que en principio debería financiarles el retorno a su país de origen se niega a ello. Según las últimas informaciones, los cuatro polizones continúan en el interior de la nave. La semana pasada, el Mouina partió de Barcelona con destino a Marsella. Se desconoce la suerte que han seguido los cuatro polizones en los últimos días.