El fiscal pide 25 millones de pesetas a Carlos Barral por un delito de injurias
El ministerio fiscal ha solicitado, con carácter provisional, que se condene al senador por Tarragona y diputado en el Parlamento Europeo Carlos Barral a tres meses de arresto, 40.000 pesetas de multa y se le obligue a pagar 25 millones de indemnización por un presunto delito continuado de injurias graves a Francisco Gracia Guillén, director gerente de la Editorial Labor.La causa judicial contra Barral se inició en 1982 cuando el director gerente de la Editorial Labor presentó en el juzgado de Oviedo una querella criminal contra el escritor por presuntas injurias contenidas en un artículo publ...
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El ministerio fiscal ha solicitado, con carácter provisional, que se condene al senador por Tarragona y diputado en el Parlamento Europeo Carlos Barral a tres meses de arresto, 40.000 pesetas de multa y se le obligue a pagar 25 millones de indemnización por un presunto delito continuado de injurias graves a Francisco Gracia Guillén, director gerente de la Editorial Labor.La causa judicial contra Barral se inició en 1982 cuando el director gerente de la Editorial Labor presentó en el juzgado de Oviedo una querella criminal contra el escritor por presuntas injurias contenidas en un artículo publicado en la revista Cuadernos del Norte, editada por la Caja de Ahorros de Asturias.
En 1984 el querellante planteó una nueva demanda contra Barral en la Audiencia Provincial de Madrid también por supuestas injurias vertidas en el libro Penúltimos castigos, que fue editado por Seix y Barral y distribuido por Planeta.
Dada la condición de parlamentario que ostenta Carlos Barral desde 1982, las dos causas pasaron a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que unificó los procedimientos en uno solo y solicitó al Senado una venia para procesar al diputado. Tras obtener la adquiesciencia de la cámara, en noviembre de 1985, la Sala Segunda dictó auto de procesamiento contra Barral y le fijó una fianza de 50 millones para hacer frente a las responsabilidades civiles.
El ministerio fiscal ha dirigido también a la Sala Segunda del Supremo un informe con respecto a la polémica suscitada por los abogados Gonzalo Quintero y Francesc P. Jufresa, defensores del escritor. Los letrados opinan que el Supremo debería solicitar al Parlamento Europeo una venía para procesar y juzgar a Barral, dada su condición de eurodiputado desde diciembre de 1986. El fiscal considera que es suficiente con la venia otorgada por el Senado y que no debe soficitarse un nuevo permiso.
Los defensores de Carlos Barral han recibido hace pocos días la causa judicial, para que procedan a elaborar la calificación provisional de los hechos.