El juez deniega la libertad provisional a la presunta parricida de Ondara

Emilio Villalaín, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Denia, ha desestimado el recurso de los abogados Andrés Crespo y Juan Carlos Pérez Nadal, defensores de María Ascensión Martínez, que se declaró culpable de haber dado muerte el 27 de octubre a su marido, Alejandro Herrero Romera, en Ondara (Alicante). Los abogados pedían en el recurso la concesión de la libertad provisional a la presunta parricida. El recurso fue presentado tras la decisión del juez Villalaín de dictar auto de prisión incondicional y de procesamiento por parricidio contra María Ascensión Mart...

Emilio Villalaín, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Denia, ha desestimado el recurso de los abogados Andrés Crespo y Juan Carlos Pérez Nadal, defensores de María Ascensión Martínez, que se declaró culpable de haber dado muerte el 27 de octubre a su marido, Alejandro Herrero Romera, en Ondara (Alicante). Los abogados pedían en el recurso la concesión de la libertad provisional a la presunta parricida. El recurso fue presentado tras la decisión del juez Villalaín de dictar auto de prisión incondicional y de procesamiento por parricidio contra María Ascensión Martínez.

Los abogados fundamentaron su recurso en el razonamiento de que no era preciso que su defendida siguiera en prisión, ya que esta medida se adoptaba para tener la certeza de que María Ascensión no huiría. "Hemos llegado a proponer", manifestó Crespo, "que se presente tres veces diarias en el cuartel de la Policía Municipal de Ondara".Otro abogado, Antonio Peris Durá, ha declarado que el próximo día 18 habrá una prueba testifical para que declaren testigos de la defensa. "Serán personas que saben lo que ocurría en aquella casa, que conocían las relaciones de María Ascensión con su marido".

Por otra parte, Antonio Pedrol Rius, presidente del Consejo General de la Abogacía, ha declarado que el parricidio de Ondara merece la actuación de la institución del jurado. "Es uno de los casos típicos en los que la conciencia popular podría dar un veredicto interesante y ajustado a la realidad social de la España de 1986", dijo.