Las magistraturas envían los expedientes de fraudes electorales al juzgado de guardia

La Administración presentará mañana a la Comisión Nacional de Elecciones Sindicales una propuesta para evitar el fraude electoral. Fuentes de Trabajo manifestaron ayer que en áreas de la Administración había una gran preocupación por el deterioro que está sufriendo la credibilidad del sistema. Varios magistrados de trabajo han enviado de oficio actas fraudulentas al juzgado de guardia por si fueran constitutivas de delito, y algún sindicato ha llevado a otro a comisaría acusándole de allanamiento de morada y de robo de documentos.

Los representantes de la Administración en la reunión ex...

La Administración presentará mañana a la Comisión Nacional de Elecciones Sindicales una propuesta para evitar el fraude electoral. Fuentes de Trabajo manifestaron ayer que en áreas de la Administración había una gran preocupación por el deterioro que está sufriendo la credibilidad del sistema. Varios magistrados de trabajo han enviado de oficio actas fraudulentas al juzgado de guardia por si fueran constitutivas de delito, y algún sindicato ha llevado a otro a comisaría acusándole de allanamiento de morada y de robo de documentos.

Los representantes de la Administración en la reunión extraordinaria que celebrará mañana la Comisión Nacional de Elecciones Sindicales intentarán convencer a los sindicatos de la necesidad de aceptar el juego democrático y evitar enfrentamientos que están empañando la credibilidad del proceso electoral. Al mismo tiempo presentarán una propuesta para verificar las denuncias sobre supuestos fraudes que cada una de las partes presenta.La propuesta consiste en que cada denunciante de posibles irregularidades aporte las pruebas pertinentes -por ejemplo, en los casos de empresas no existentes, una certifición notarial o el certificado de la Tesorería de la Seguridad Social-. En caso de que en un plazo de 10 días la denuncia no sea ratificada, se dará por válida el acta impugnada. Con ello, se trata de evitar un bloqueo del proceso electoral. UGT ha acusado a CC OO de presentar denuncias indiscriminadamente con el único fin de paralizar los resultados.

No parece, sin embargo, que la solución de Trabajo sea aceptada y que ponga fin a la polémica. Una fórmula parecida y más sencilla existe en las empresas de menos de 50 trabajadores y los problemas más graves se están produciendo en estas empresas.

Mientras tanto, las denuncias continúan. Ayer CC OO hizo público que la Magistratura de Trabajo de Gijón había remitido al juzgado de guardia el expediente de unas elecciones que no se habían celebrado, al igual que han hecho otros magistrados en otras capitales. También trascendía ayer que UGT, en Málaga, había acudido a una comisaria a denunciar a CC OO por el robo de actas y su posterior manipulación.

Nadie lo niega

Nadie niega la existencia de fraudes e irregularidades. Medios ajenos a los sindicatos daban un dato significativo: de 1.000 preavisos realizados en empresas de menos de 50 trabajadores, cerca de 800 correspondian a centros inexistentes.Fuentes de Trabajo mostraron ayer su preocupación por lo que, en el fondo, no deja de ser un perjuicio para la credibilidad sindical. Las mismas fuentes admitieron que se habían detectado indicios de fraude por parte de distintos sindicatos y afirmaron que, como Administración, Trabajo no podía intervenir más en.el proceso, salvo anulando aquellas actas cuya falsedad estuviera demostrada.

Aunque las citadas fuentes se negaron a concretar en qué consisten las irregularidades detectadas, otros medios confirmaron que en su mayor parte se trata de elecciones no celebradas, delegados no pertenecientes a la plantilla de la empresa en cuestión y hasta falsificación de la propia denuncia de falsificación.

De estas acusaciones no se libran ni CC OO ni UGT -también se han observado en otras organizaciones-, y precisamente lo que preocupa en la Administración es que, en definitiva, el perjudicado es el movimiento sindical y el sistema electoral en su conjunto.

Un responsable de Trabajo decía ayer que "sólo podemos llamar a la cordura de las partes. Lo que resulta inadmisible es que se nos acuse de connivencia con UGT, cuando los funcionarios que están ocupándose del proceso están actuando con un cuidado exquisito".