El penúltimo lugar entre los países de la Comunidad Europea
España ocupa el penúltimo lugar de entre los de la Comunidad Europea (CE) en cuanto a número de funcionarios públicos por 1.000 habitantes, según el libro La función pública en la Europa de los Doce, del que es autor Juan Junquera González, inspector general de servicios del Ministerio de Transportes.Nuestro país, con 44,4 funcionarios por cada 1.000 habitantes, se sitúa únicamente por encima de Portugal (42,7). Los primeros lugares los ocupan Dinamarca (149) y Gran Bretaña (93). Este estudio no contempla el caso de Grecia, por falta de estadísticas fiables, y toma como base datos c...
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España ocupa el penúltimo lugar de entre los de la Comunidad Europea (CE) en cuanto a número de funcionarios públicos por 1.000 habitantes, según el libro La función pública en la Europa de los Doce, del que es autor Juan Junquera González, inspector general de servicios del Ministerio de Transportes.Nuestro país, con 44,4 funcionarios por cada 1.000 habitantes, se sitúa únicamente por encima de Portugal (42,7). Los primeros lugares los ocupan Dinamarca (149) y Gran Bretaña (93). Este estudio no contempla el caso de Grecia, por falta de estadísticas fiables, y toma como base datos correspondientes a 1983.
En cuanto al número de funcionarios públicos en relación con la población activa total (PAT), España se sitúa en el lugar noveno (con 12,56 funcionarios por cada mil personas activas). Sólo están por debajo Luxemburgo (12,39) y Portugal (9,95). Dinamarca (27,89%) y Gran Bretaña (19,58) vuelven a estar en cabeza de la relación.
Esta situación lleva al autor de este estudio a aventurar que 11 nuestra Administración Pública crecerá de forma acelerada e inexorable durante los próximos lustros, hasta alcanzar, en torno al quinquenio 2005-2010, la cifra de tres millones de funcionarios".
El autor de este estudio parte de una definición de quién es funcionario que no se corresponde exactamente con el concepto al uso en España, sino con la normativa de la CE: por ejemplo, incluye a las personas reclutadas para el cumplimiento del servicio militar y a los maestros de centros privados cuyos recursos, proceden, en su mayor parte, de subvenciones estatales.
La normativa de la CE prescinde, por el contrario, de la naturaleza o vínculo jurídico que liga a la persona en cuestión con la Administración (nombramiento legal, contrato laboral, contrato civil, contrato administrativo o incorporación obligatoria), y excluye a numerosos organismos que en Espa fía se consideran integrados por funcionarios.
Según este estudio España ocupa el primer puesto de entre los 11 países de la CE estudiados, en cuanto al número de efectivos militares sobre la población activa total (3,30), muy por encima de la media de los doce (2,12), pero está en la cola en cuanto a número de profesores por 1.000 habitantes menores de 25 años (20,11) -Bélgica está en cabeza, con 75,1-. En relación a una mayor o menor centralización dela función pública, España aparece como el país más centralizado: el 86% de sus funcionarios pertenecen a la Administración central y sólo el 14% a la Administración local.
Debe tomarse en cuenta que los criterios de la CE al respecto excluyen de la Administración central a la Administración de la Seguridad Social, pero incluyen a la Administración de las CC AA.