El mayordomo de los Urquijo, condenado a cuatro meses de arresto por injurias
La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia de Barcelona ha condenado a Vicente Díaz Romero, mayordomo de los fallecidos marqueses de Urquijo, a la pena de cuatro meses de arresto mayor por un delito de injurias graves. La sentencia también le impone el pago de un millón de pesetas a Diego Martínez Herrera, administrador de los fallecidos, en concepto de indemnización.Martínez Herrera interpuso una querella por supuestas calumnias a raíz de un artículo publicado en la revista Interviú el 20 de julio de 1983 y solicitaba al ahora condenado el pago de 100 millones de pesetas, cantidad ...
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La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia de Barcelona ha condenado a Vicente Díaz Romero, mayordomo de los fallecidos marqueses de Urquijo, a la pena de cuatro meses de arresto mayor por un delito de injurias graves. La sentencia también le impone el pago de un millón de pesetas a Diego Martínez Herrera, administrador de los fallecidos, en concepto de indemnización.Martínez Herrera interpuso una querella por supuestas calumnias a raíz de un artículo publicado en la revista Interviú el 20 de julio de 1983 y solicitaba al ahora condenado el pago de 100 millones de pesetas, cantidad calificada por el tribunal como de "difícil aceptación".
La publicación reflejaba las declaraciones hechas por el procesado sobre algunas circunstancias que rodearon el crimen, ocurrido en Madrid en agosto de 1980. El mayordomo afirmaba que el administrador tomó parte activa en los hechos "porque sabía que si el marqués moría, quien efectivamente sería marqués era él, ya que tenía más fuerza que el sexto rnarqués de Urquijo". Del mismo modo, aseguraba que el administrador echó de la casa de los marqueses a Rafael Escobedo, a los pocos días del crimen, amenazándole con una pistola.
El procesado aseguró, en el acto de la vista oral, que sólo perseguía contribuir al esclarecimiento de los hechos, aunque también admitió que cobró dinero de la revista por las declaraciones. Respecto a este punto, el tribunal sentenciador entiende que es normal que se pague dinero a cambio de información y señala: "Hay poco que objetar a que, en la busqueda de la noticia llamativa en su exclusividad, la prensa periódica aborte precio o fije recompensas".