Una cesión polémica

Jordi Pujol, tan pronto como abandonó Banca Catalana, quiso desprenderse de las acciones que poseía para evitar posibles recelos entre su pasada actividad financiera y su nueva etapa política, aseguran los abogados defensores al examinar uno de los aspectos más controvertidos y polémicos de la investigación, el de la cesión a la Fundació Catalana de un importante paquete de acciones y la venta de otro minoritario.Dicen los abogados que los administradores de la sociedad pidieron a Pujol que esperara para no provocar una infundada alarma con la venta de sus acciones. Pujol optó por vender algun...

Jordi Pujol, tan pronto como abandonó Banca Catalana, quiso desprenderse de las acciones que poseía para evitar posibles recelos entre su pasada actividad financiera y su nueva etapa política, aseguran los abogados defensores al examinar uno de los aspectos más controvertidos y polémicos de la investigación, el de la cesión a la Fundació Catalana de un importante paquete de acciones y la venta de otro minoritario.Dicen los abogados que los administradores de la sociedad pidieron a Pujol que esperara para no provocar una infundada alarma con la venta de sus acciones. Pujol optó por vender algunas de estas acciones y donar el resto a la Fundació Catalana, en lo que los defensores califican de "un nuevo gesto de liberalidad". Los abogados recriminan al ministerio fiscal que omita que 75.000 acciones con un valor nominal de más de 74 millones de pesetas fueron donadas "pura y simplemente", mientras que la causa de la polémica son sólo 22.749 acciones. Recalca el escrito que Pujol nunca se podrá beneficiar de estas acciones, ya que se ha desprendido de ellas.

Insisten los abogados en que Pujol actuó siempre al servicio de " unos ideales exentos de todo lucro personal y con la mira puesta en Cataluña", por lo que no debe sorprender "el profundo impacto ciudadano que ha supuesto la acusación del ministerio fiscal y el absoluto respaldo popular con que cuenta el actual presidente, incrementado, precisamente, a raíz de dicha acusación".

En opinión del ministerio público, está operación de cesión configura un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, ya que, según los fiscales, Pujol planeó una falsa cesión de acciones a la Fundació Catalana e incumplió voluntariamente uno de los requisitos que necesariamente debía cumplir en esta operación, lo que permitía recuperar las acciones, convenientemente revalorizadas.