El presidente de la Asociación Pro Jurado critica el retraso de la ley que lo regula

El presidente de la Asociación Pro Jurado, Gustavo López-Muñoz, aseguré ayer que "no existen razones jurídicas ni políticas para retrasar la implantación del jurado" y que el Gobierno debe cumplir el compromiso asumido por las Cortes Generales en la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según la cual antes del 23 de septiembre el proyecto de ley debería ser remitido al Parlamento. En sus declaraciones, López-Muñoz consideró que el cumplimiento de este plazo es cuestión de "credibilidad política".Según López-Muñoz, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, tras no ser tomada en consideración...

El presidente de la Asociación Pro Jurado, Gustavo López-Muñoz, aseguré ayer que "no existen razones jurídicas ni políticas para retrasar la implantación del jurado" y que el Gobierno debe cumplir el compromiso asumido por las Cortes Generales en la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según la cual antes del 23 de septiembre el proyecto de ley debería ser remitido al Parlamento. En sus declaraciones, López-Muñoz consideró que el cumplimiento de este plazo es cuestión de "credibilidad política".Según López-Muñoz, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, tras no ser tomada en consideración la proposición de ley del jurado presentada por el PNV, prometió al principio de la anterior legislatura que la ley del jurado se aprobaría "inmediatamente después" de la LOPJ, vigente desde el 3 de julio de 1985. Por lo demás, López-Muñoz, frente a lo señalado recientemente en fuentes del Ministerio de Justicia, afirmó que el anteproyecto de ley del jurado está ya elaborado.

Respecto al plazo legal de un año establecido para el envío a las Cortes del proyecto de ley del jurado [y de otros importantes textos de desarrollo de la LOPJ], López-Muñoz estimó que carecen de base las excusas de Justicia para no cumplirlo, ya que, dijo, "es más importante un plazo político legislativo que un plazo procesal, porque afecta no sólo a las partes en conflicto, sino a toda la ciudadanía y a todo el Parlamento que lo ha aprobado, y es cuestión de credibilidad política".

Excusas para el retraso

López-Muñoz calificó de excusa para retrasar la implantación del jurado el argumento según el cual su aplicación afectará a todo el sistema penal, y recordó que "históricamente, la ley del Jurado de 1888 funcionó con la vigente ley de Enjuiciamiento Criminal, que es de 1882, y ha funcionado con el Código Penal reformado que rige actualmente". Agregó que las reformas no deben hacerse antes de la aplicación del jurado, sino "tras el rodaje de la institución del jurado, como se hace en los países juradistas, al hilo de la experiencia suministrada por el jurado".