El poder judicial recuerda la obligación de cumplir los mandatos de los jueces

El Consejo General del Poder Judicial, a la vista del apoyo dado por el Gobierno a la incomparecencia de 90 guardias civiles ante: la autoridad judicial competente., ha expresado que es necesario "insistir en la obligación constitucional de todos y cada uno de los ciudadanos y de los poderes públicos de cumplir las resoluciones y mandatos judiciales". La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, Elisabeth Huertas, ha abierto por su parte una investigación sobre la existencia de un acuerdo del Gobierno para impedir la citada comparecencia.El acuerdo del órgano de gobierno del poder...

El Consejo General del Poder Judicial, a la vista del apoyo dado por el Gobierno a la incomparecencia de 90 guardias civiles ante: la autoridad judicial competente., ha expresado que es necesario "insistir en la obligación constitucional de todos y cada uno de los ciudadanos y de los poderes públicos de cumplir las resoluciones y mandatos judiciales". La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, Elisabeth Huertas, ha abierto por su parte una investigación sobre la existencia de un acuerdo del Gobierno para impedir la citada comparecencia.El acuerdo del órgano de gobierno del poder judicial, adoptado por unanimidad, se produjo en un pleno extraordinario celebrado ayer, tras las informaciones publicadas por la Prensa sobre la remisión a la juez Huertas de un oficio de la Dirección General de la Guardia Civil. El consejo señaló que el cumplimiento de los mandatos judiciales debe hacerse "sin entrar a considerar su corrección Jurídica", para dilucidar la cual existen los procedentes recursos.

El pleno del consejo, presidido por Antonio Hernández Gil, hizo este recordatorio "en cumplimiento de su obligación de colaboración con todos los poderes del Estado, y en defensa de la independencia judicial", y "para la realización del Estado de derecho". Fuentes del consejo informaron en la tarde de ayer que no se había recibido ninguna reacción oficial ni oficiosa por parte del Gobierno.

Por su parte, la juez Huertas, además de la investigación iniciada, ha aceptado el escrito del abogado Txerna Montero para que se investigue si existió el acuerdo del Gobierno que se cita en el oficio dirigido al juzgado, en cuyo caso procedería, según el abogado, el procesamiento de los miembros del Ejecutivo por los delitos de desacato y denegación de auxilio a. la justicia.

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