La encrucijada municipal de las policías locales

Unas 60.000 personas, con una edad media que supera los 40 años, un nivel de instrucción muy bajo y un talante predemocrático en buena parte del colectivo, integran las distintas policías urbanas y municipales. La labor de estas policías locales, que constituyen una herencia del régimen franquista y absorben buena parte de los escasos recursos económicos de los ayuntamientos, constituye hoy una de las principales preocupaciones de los alcaldes.

Varias denuncias por presuntos malos tratos han sido presentadas en los últimos días contra policías municipales de Oviedo. Algunos agentes del ...

Unas 60.000 personas, con una edad media que supera los 40 años, un nivel de instrucción muy bajo y un talante predemocrático en buena parte del colectivo, integran las distintas policías urbanas y municipales. La labor de estas policías locales, que constituyen una herencia del régimen franquista y absorben buena parte de los escasos recursos económicos de los ayuntamientos, constituye hoy una de las principales preocupaciones de los alcaldes.

Varias denuncias por presuntos malos tratos han sido presentadas en los últimos días contra policías municipales de Oviedo. Algunos agentes del Ayuntamiento de l'Hospitalet sometieron a un ratero de poca monta, al que acababan de detener, a un simulacro de fusilamiento. Las quejas ciudadanas sobre la violencia y arbitrariedad en las actuaciones de algunos miembros de las policías locales han sido generalizadas en los últimos años. El coste humano para estos cuerpos de seguridad de los municipios, que suplen en muchos casos actuaciones que deberían corresponder a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, también resulta excesivo: varios agentes han resultado muertos por disparos de atracadores o han resultado heridos cuando colaboraban con las fuerzas de seguridad del Estado.Los ayuntamientos democráticos están haciendo grandes esfuerzos para profesionalizar y rejuvenecer sus dotaciones de policía, pero el lastre de unas plantillas heredadas y la escasez de recursos financieros hacen que este proceso de cambio sea excesivamente lento. Algunos alcaldes no dudan en cuestionar la propia existencia de las policías locales, cuyos cometidos -al menos, en materia de prevención de delitos y en orden público- corresponden a las fuerzas de seguridad del Estado: "Estamos asumiendo y financiando funciones que corresponden al Estado y a cambio sólo recibimos quebraderos de cabeza y críticas".

Fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aseguran que la desaparición de las policías municipales es imposible en estos momentos porque cubren más del 40%. de todos los servicios policiales: "Su desaparición supondría de inmediato un incremento insoportable de la inseguridad ciudadana y el desbordamiento de la capacidad de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado".

Los policías municipales cubren un amplio abanico de actividades: regulación y vigilancia del tráfico, prevención de delitos (los servicios del 092, que son muy semejantes a los del 091 de la policía estatal), servicios judiciales (colaboración a las órdenes de los jueces), tareas burocráticas (por ejemplo, deben estar presentes cuando se realiza un embargo) y vigilancia interna y externa de edificios o instituciones municipales, actos públicos, mercados, etcétera. En grandes ciudades, especialmente en Madrid, hay también numerosos efectivos que se dedican casi exclusivamente a colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado en la fluidez y seguridad de los desplazamientos de autoridades.

La mayor parte de estos servicios prestados por los ayuntamientos, que sustituyen y cubren los vacíos dejados por las fuerzas de seguridad del Estado, se realizan sin contraprestación financiera alguna por parte de la Administración central. Y cuando ésta existe, como en el caso de los depósitos municipales de detenidos, su cuantía es ridícula (unas 300 pesetas por detenido y día). De ahí, las malas condiciones en que se encuentran estos depósitos, obligatorios en municipios con determinado número de habitantes y que no cuentan con establecimientos penitenciarios en su zona, en la mayoría de los casos. Según una reciente encuesta realizada por la FEMP, el 50% de los depósitos se encuentra en edificios muy antiguos, con deplorables condiciones de espacio y salubridad.

Los ayuntamientos tienen que destinar parte de sus efectivos de policía a vigilar estas instalaciones, sin tener ninguna preparación específica para ello. De ahí, que sean frecuentes las muertes en estos calabozos por reyertas entre detenidos o, como ocurrió en Sagunto, por asfixia, al prender un detenido su colchoneta. Y en estas instalaciones se ha llegado en algún caso a cumplir pequeñas condenas por orden del juez de distrito. Algunos de estos jueces obligan a las policías locales a trasladar a un preso a otra ciudad a pesar de que no cuentan con ningún amparo legal fuera de su municipio.

Los jefes de la Policía Municipal en las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid y Valencia, entre otras) suelen ser militares. La jerarquización de estos cuerpos requiere, según fuentes municipales, jefes que tengan dotes de mando y por eso se recurre a los militares. Algunos miembros de la histórica Unión Militar Democrática han encontrado acomodo en estos puestos, aunque también hay muchos otros que carecen de cualquier veleidad democrática en sus biografías.

Uno de los mayores problemas con que se encuentran los ayuntamientos para mejorar la imagen de sus policías y ajustar sus actuaciones a los modos propios de una democracia es la escasa preparación técnica y cultural de sus plantillas y su elevada edad media.

Inadecuados y onerosos

En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, existen 3.686 policías municipales con una edad media de 41,64 años. El 33,42% de estos policías. no logró completar los estudios de educación general básica (EGB), el 51,08% culminó la EGB, un 5,73% cuenta con estudios de formación profesional y sólo el 1,79% tiene el título de bachillerato, COU o estudios superiores. De los municipios valencianos con policía local, el 30% destina entre un 11% y un 15% de sus presupuestos a financiar este servicio, un 5% de los ayuntamientos dedica entre un 15% y un 20% de sus presupuestos y un ayuntamiento destina más del 25% del mismo.

La situación no es muy diferente en otras comunidades. En Cataluña, donde existen unos 7.000 polícias municipales, la edad media del agente se sitúa en 40,12 años. El 22% de los policías no terminó la EGB, el 63% cuenta exclusivamente con este título elemental y menos de un 9% cursó bachillerato o estudios superiores. Las dotaciones municipales para sufragar este servicio también son elevadas: la mitad de los ayuntamientos catalanes con policía local propia destina entre un 5% y un 10% de sus presupuestos, el 21% de los ayuntamientos destina entre el 10% y el 20% y un 2% de las corporaciones llega a hipotecar una cuarta parte de sus presupuestos en este servicio de seguridad.

Los ayuntamientos, ante este panorama, únicamente pueden rejuvenecer y especializar a sus policías con cuentagotas: cubriendo las reducidas vacantes que van produciéndose por jubilaciones y ampliando las plantillas en la medida que lo permiten sus presupuestos y siempre en función de relegar otras necesidades. Desde la FEMP se están programando cursos de especialización (drogas, técnicas de mando, criminología, tráfico) y algunos ayuntamientos están creando también sus propias escuelas de policía, al igual que algunas comunidades autónomas.