La acusación popular ve una responsabilidad penal de Barrionuevo en el 'caso El Nani'

JUAN JOSÉ ECHEVARRÍA, La acusación popular personada en el caso El Nani, ejercida por la Asociación contra la Tortura, considera que existe responsabilidad penal del ministro del Interior, José Barrionuevo, en relación con la aplicación de la ley antiterrorista a Santiago Corella, alias el Nani desaparecido tras su detención en Madrid, según indica en un informe presentado a la Audiencia Provincial de Madrid. La Asociación contra la Tortura, organización cívica de carácter progresista, ha solicitado el procesamiento de dos comisarios y 23 inspectores de policía, sobre los que entiende que exi...

JUAN JOSÉ ECHEVARRÍA, La acusación popular personada en el caso El Nani, ejercida por la Asociación contra la Tortura, considera que existe responsabilidad penal del ministro del Interior, José Barrionuevo, en relación con la aplicación de la ley antiterrorista a Santiago Corella, alias el Nani desaparecido tras su detención en Madrid, según indica en un informe presentado a la Audiencia Provincial de Madrid. La Asociación contra la Tortura, organización cívica de carácter progresista, ha solicitado el procesamiento de dos comisarios y 23 inspectores de policía, sobre los que entiende que existen indicios racionales de criminalidad en su actuación en el caso El Nani. La acusación particular considera que existen indicios de que Corella falleció en la Brigada Regional de Policía Judicial en Madrid.

José Barrionuevo, ministro del Interior, autorizó el 12 de noviembre de 1983 que a los delincuentes Santiago Corella, Ángel Manzano -amigo y socio de El Nani- y Concepción Martín -compañera de Angel- se les aplicase la legislación antiterrorista al considerarles "presuntamente implicados en actividades de una banda armada". Al día siguiente se amplió la incomunicación a Soledad Montero, mujer de El Nani. Las dos peticiones fueron enviadas por el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez, presunto implicado en la red de corrupción policial, quien ha admitido ante el juez desconocer la existencia de sentencias del Supremo donde se define el concepto de banda armada. El Nani desapareció tras su paso por las dependencias policiales de la Puerta del Sol de Madrid.La Asociación contra la Tortura -en cuya junta directiva figuran el filósofo Javier Sádaba, el catedrático Carlos Paris, el abogado Fernando Salas y el sacerdote Enrique Castro- considera que existe la "posible responsabilidad penal del ministro del Interior en el caso, siendo su actuación presumiblemente constitutiva de un delito de los tipificados en el artículo 194 del Código Penal". Este artículo señala que "incurrirá en la pena de inhabilitación especial la autoridad o el funcionario público que impidiere a una persona el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por las leyes".

Nueve delitos

La acusación popular se basa para ello en el artículo 8.1 de la ley antiterrorista, que remite al artículo 55.2 de la Constitución. Este precepto constitucional señala: "La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica [se refiere a la legislación antiterrorista] producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes".

Por otro lado, la acusación popular considera que existen indicios racionales de criminalidad y nueve supuestos delitos en relación al caso El Nani: desaparición de Santiago Corella, torturas a El Nani, registro ilegal en el domicilio de la familia, falsedad de documentos oficiales, torturas con resultado de lesiones graves a Manzano, registro ilegal en el domicilio de este último, torturas a Soledad Montero, detención ilegal de las hermanas de Corella y privación del ejercicio de los derechos cívicos.

Por estos delitos, la Asociación contra la Tortura solicita el procesamiento de 25 policías. Entre ellos figuran el comisario Francisco Fernández Álvarez y los inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo, Francisco Aguilar González, Rafael Jaime Portela, Miguel Ángel Merino Sánchez, Felipe Pintado Berruezo, Miguel Ángel Lebrón Díaz Flor -recientemente felicitado por la Dirección de la Policía-, José María Pérez Gutiérrez y Gonzalo Álvarez Fernández. El juez Andrés Martínez solicitó el procesamiento de estos agentes.

La acción popular pide además que sea procesado el comisario Emilio Ballesteros, quien era jefe de la Brigada cuando ocurrieron los hechos. La Asociación cree que existen indicios de criminalidad en la actuación de los inspectores José Antonio Bedmar, José María Montero, Federico García, Jaime Cabezas, Aparicio Montes, Domingo Lorenzo, José María Malvido, Eduardo Maganto, Alfonso Sánchez, Ángel Matías, Miguel Ártgel Merino, José Juan Jiménez, Benigno Ramo, Jacinto Recuere, y María de los Ángeles Moreno.