El Gobierno indulta a los dos shiíes presos en la cárcel de Alcala-Meco
Mohamed Rahal y Mustafá Jalil, los dos shiíes presos en la cárcel madrileña de Alcalá-Meco, donde cumplían condena de 23 años de prisión cada uno por el asesinato frustrado de un funcionario libio en Madrid, han sido indultados por el Gobierno. La Audiencia Nacional, que dictó sentencia condenatoria contra ambos militantes del denominado grupo Amal-Brigadas Mussa Sadr el 25 de junio de 1985, cursó, según informa Efe, la orden de libertad para ambos en la tarde de ayer.
Fuentes de la cárcel de Alcalá-Meco que ayer se negaron a ofrecer información alguna sobre los dos indultados, no desca...
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Mohamed Rahal y Mustafá Jalil, los dos shiíes presos en la cárcel madrileña de Alcalá-Meco, donde cumplían condena de 23 años de prisión cada uno por el asesinato frustrado de un funcionario libio en Madrid, han sido indultados por el Gobierno. La Audiencia Nacional, que dictó sentencia condenatoria contra ambos militantes del denominado grupo Amal-Brigadas Mussa Sadr el 25 de junio de 1985, cursó, según informa Efe, la orden de libertad para ambos en la tarde de ayer.
Fuentes de la cárcel de Alcalá-Meco que ayer se negaron a ofrecer información alguna sobre los dos indultados, no descartaron, sin embargo, que los dos shiíes hubieran abandonado anoche mismo la prisión.Mohamed Rahal, de 22 años, y Mustafá Jalil, de 24, fueron condenados por el asesinato frustrado del funcionario de la Oficina Popular (embajada) Libia en Madrid, Mohamed Ahmed Aidres, quien resultó alcanzado por los disparos de los dos libaneses cuando se dirigía a dicha sede diplomática en su coche, un BMW matrícula CD-4229, el 12 de septiembre de 1984. Este funcionario libio recibió de las autoridades españolas una orden de expulsión en enero de este año, por intento frustrado de asesinato contra el fundador del Frente Nacional para la Salvación de Libia (FNSL) Mohamed Yusef el Maghariaf.
Desde que la Audiencia Nacional dictó sentencia condenatoria contra ambos ciudadanos libaneses, la historia de su cautiverio en Madrid ha estado estrechamente ligada a la actividad terrorista en el mundo. Así, el comando de extremistas shiíes que secuestró en junio de 1985 un avión de la compañía norteamericana TWA con cerca de un centenar de pasajeros a bordo, reclamó en una de sus escalas en Beirut la libertad de los dos presos libaneses en España como condición para liberar a los pasajeros secuestrados.
Posteriormente, tres funcionarios adscritos a la embajada española en Beirut fueron secuestrados por las familias de Rahal y Jalil -aunque una autodenominada organización Banderas Negras se responsabilizó del hecho-, que solicitaban igualmente la libertad de los dos jóvenes detenidos en Alcalá-Meco.
Secuestro en la autopista
El secuestro se produjo el 17 de enero en la autovía que conduce al aeropuerto de la capital libanesa, donde fueron apresados los funcionarios de la embajada española en Beirut Asad Abdo, su hermano Gaspar Abdo, y el geo Pedro Antonio Sánchez.
Este secuestro fue el detonante de una rápida negociación que llevó a Beirut a varios funcionarios españoles de la Seguridad del Estado.
El propio subsecretario del Ministerio del Interior, Rafael Vera, y el director general de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Rafael Pastor, se entrevistaron el 18 de febrero pasado con el líder de la milicia shií Amal, Nabih Berri, que actuó corno mediador en el conflicto entre Madrid y las familias que secuestraron a los tres funcionarios españoles.
La liberación de los hermanos Abdo y del geo Pedro Antonio Sánchez se produjo finalmente el 19 de febrero, un mes después de su secuestro.
A lo largo de la negociación, el Gobierno español estudió las dos únicas posibilidades que, en principio, parecían factibles. De un lado, la de arbitrar alguna fórmula legal para que los dos libaneses detenidos pudieran cumplir la condena en su país, cosa que fue descartada. La segunda fórmula, un indulto particular, pareció entonces revestir una apariencia de perdón ejecutado bajo presiones.
Sin embargo, ha sido la fórmula adoptada por el Gobierno cinco meses después de que se resolviera el secuestro de los tres españoles en Beirut.
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