Banesto reclama judicialmente a los hermanos Falcó una deuda de unos 300 millones, de pesetas

El Banco Español de Crédito ha reclamado judicialmente a Carlos y Fernando Falcó, marqueses de Griñón y de Cubas, respectivamente, el pago de unos 300 millones de pesetas por créditos con garantía hipotecaria concedidos y no satisfechos en el plazo fijado. Una de las fincas sujetas a la hipoteca ha sido vendida en parte por los marqueses a terceras personas junto a distintas instalaciones industriales, a lo largo de la vigencia del crédito. Todo ello con documentos privados. Trabajadores de estas fincas, despedidos sin indemnización, lograron que la Magistratura decretara la subasta de algun...

El Banco Español de Crédito ha reclamado judicialmente a Carlos y Fernando Falcó, marqueses de Griñón y de Cubas, respectivamente, el pago de unos 300 millones de pesetas por créditos con garantía hipotecaria concedidos y no satisfechos en el plazo fijado. Una de las fincas sujetas a la hipoteca ha sido vendida en parte por los marqueses a terceras personas junto a distintas instalaciones industriales, a lo largo de la vigencia del crédito. Todo ello con documentos privados. Trabajadores de estas fincas, despedidos sin indemnización, lograron que la Magistratura decretara la subasta de algunas de estas instalaciones vendidas por los marqueses, pero que figuraban todavía a su nombre -secaderos de tabaco en concreto- para hacer frente a las obligaciones indemnizatorias.

Carlos Falcó, consultado sobre estos hechos, manifestó que no había ningún problema y que desde hacía meses existía un acuerdo con Banesto. Al insistirle en que el citado banco había confirmado que no existía acuerdo y que no había retirado del juzgado la solicitud de ejecución de la hipoteca, y que la última semana había habido una nueva reunión en una notaría de Navalmoral de la Mata, según consta a este periódico por distintas fuentes, en la que no se había llegado tampoco a ningún convenio entre las partes, el marqués de Griñón volvió a asegurar "que el acuerdo existe; lo que no se ha llegado todavía es a instrumentarlo, porque esto lleva su tiempo".Fuentes de la defensa de algunos de los compradores de parcelas de la finca hipotecada, tras el incumplimiento de los contratos por parte de los vendedores y la desagradable sorpresa que les supuso la subasta de bienes que consideraban de su propiedad, están estudiando la presentación de una querella criminal por presunta estafa. "No nos queda otra alternativa si no se llega pronto a una solución que satisfaga a todos".El 24 de diciembre de 1981 , fecha en que se les concede el crédito por Banesto, Carlos Falcó es dueño de pleno dominio de la finca Canto Blanco, en Aldea del Fresno, que tiene una extensión de 700 hectáreas. También es dueño, junto con su hermano Fernando y una sociedad en la que participan ambos, denominada La Barquilla, SA, de una finca de 529 hectáreas de regadío en Caceres (término de Talayuela y municipio de Pueblonuevo de Miramonte). Esta finca está destinada a la producción de frutas y tabaco, cuenta con plantas de clasificación y con secaderos y posee también un poblado de 40 casas donde viven algunos empleados. La propiedad es indivisa, correspondiendo el 50% al marqués de Griñón, un 25% al marqués de Cubas y el 25% final a la sociedad La Barquilla.Banesto, en la citada fecha y con hipoteca inmobiliaria de las dos fincas y sus instalaciones como garantía, concede a los marqueses un préstamo a tres años por valor de 285 millones de pesetas. En la escritura se adjudica a la finca de Cáceres una responsabilidad de 144 millones, intereses al 19,50% y otros 14 millones de pesetas para gastos y costas.

Venta a terceros

El 27 de marzo de 1984, nueve meses antes de que venza el crédito que les concedió Banesto, los dos hermanos marqueses y su sociedad La Barquilla venden en documento privado a 14 agricultores un total de 90 hectáreas de la finca hipotecada, La Barquilla, con unas 15 casas y 20 secaderos de tabaco. Según los representantes jurídicos de estos compradores, los Falcó no advirtieron a éstos de la existencia de hipotecas u otras cargas sobre la finca. El precio de venta fue un millón por hectárea, otro por cada casa y 2,5 millones por cada secadero. En los contratos figura el compromiso de elevar los mismos a escritura pública el 30 de junio de 1984, en cuyo momento las fincas, casas y secaderos se encontrarán libres de cargas y gravámenes. Los compradores pagan el 25% de lo acordado en marzo y se comprometen a abonar el resto el 30 de junio, cuando los contratos se eleven a escritura pública.Los marqueses, coincidiendo con esta operación, a finales de marzo, despiden a 10 trabajadores de la finca sin abonarles indemnización alguna. Éstos reclaman ante la Magistratura de Trabajo de Cáceres y consiguen meses después, en julio, el embargo y subasta de 20 secaderos de tabaco que figuran a nombre de los marqueses, pero que habían sido vendidos en documento privado a los agricultores mencionados. La existencia de otras hipotecas y cargas sobre las hectáreas vendidas (60 millones del Banco Hipotecario y 18 del Banco de Crédito Agrícola, entre otras) había impedido que se elevasen los contratos a escritura pública el 30 de junio.

Los agricultores, como mal menor, vuelven a adquirir por 9,4 millones sus secaderos, en la subasta, pensando descontar esta cantidad de lo que adeudán a los Falcó.

El 24 de diciembre de 1984 vence la hipoteca de 285 millones de pesetas, y los marqueses no hacen frente al pago de la misma. Tras múltiples requerimientos verbales por parte de Banesto para que los Falcó cumplan con sus compromisos, que resultan infructuosos, en junio de 1985 (seis meses después del vencimiento) la entidad bancaria ejecuta la hipoteca en el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Madrid. Banesto exige el pago de 375 millones de pesetas entre el principal del préstamo, los intereses y las costas.

El marqués de Griñón, que representa al tiempo a su hermano y a la sociedad La Barquilla, continúa negociando con Banesto y los representantes legales de los compradores de parte de sus fincas, sin resultado alguno. Han vuelto a pasar los meses y Banesto advierte al marqués que se les está acabando la paciencia y que va a sacar a pública subasta las fincas en conflicto. Y se llega a la situación actual. Carlos Falcó ofrece a Banesto otras fincas como garantía y el dinero que tiene que recibir de los compradores de las hectáreas segregadas. Pero éstos se niegan a pagar una peseta más a los marqueses mientras no se les garantice la liberación de las cargas que pesan sobre las fincas: 25 millones a los trabajadores despedidos, que han vuelto a embargar a los Falcó; deudas por unos 35 millones de pesetas a la Seguridad Social y a la Confederación del Tajo, además de la citada hipoteca del Banesto.

Los abogados de los agricultores que habían adquirido tierras a los Falcó y que pueden perderlas si Banesto subasta las citadas fincas, ya que no pueden personarse ante el Juzgado de Instrucción número 19. de Madrid por no haber elevado a escritura pública sus contratos privados, estudian la presentación de una querella criminal por estafa contra los dos marqueses y el administrador de La Barquilla.