El fiscal pide seis meses para el policía que custodiaba la celda donde murió una heroinómana

Luis Pérez Domingo, cabo de la Policía Municipal de Vic (Osona), fue juzgado ayer en la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia de Barcelona por un presunto delito de imprudencia, al custodiar de forma negligente a una reclusa que falleció tras incendiar su celda. El ministerio fiscal pidió que se impusiera al procesado una pena de seis meses de arresto y que se obligara, al acusado o al Ayuntamiento de Vic, a pagar un millón de pesetas a los familiares de la víctima.

Los hechos juzgados ayer se iniciaron el 17 de julio del pasado año, cuando la policía detuvo en Vic al matrimon...

Luis Pérez Domingo, cabo de la Policía Municipal de Vic (Osona), fue juzgado ayer en la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia de Barcelona por un presunto delito de imprudencia, al custodiar de forma negligente a una reclusa que falleció tras incendiar su celda. El ministerio fiscal pidió que se impusiera al procesado una pena de seis meses de arresto y que se obligara, al acusado o al Ayuntamiento de Vic, a pagar un millón de pesetas a los familiares de la víctima.

Los hechos juzgados ayer se iniciaron el 17 de julio del pasado año, cuando la policía detuvo en Vic al matrimonio formado por Ana María Girbau y José María Costa, y les acusó de haber perpetrado un robo en la casa parroquial y de apoderarse de 10.000 pesetas. Los dos detenidos, que eran heroinómanos, fueron ingresados en el depósito municipal, situado en los bajos del juzgado y a poca distancia del cuartel de la policía urbana.El depósito municipal de Vic, considerado como uno de los más modernos de España, está vigilado habitualmente por un guardia y, en su ausencia, por una camara de televisión y un micrófono, instalado en los pasillos del local, que a su vez está conectado con un monitor colocado en el puesto de la policía urbana, a escasos 25 metros.

Desde su ingreso en prisión los dos reclusos se mostraron sumamente excitados y nerviosos, como consecuencia del síndrome de abstinencia. El juez instructor, el forense y diversos agentes visitaron a los presos en varias ocasiones y les suministraron tranquilizantes a pesar de lo cual la situación de la detenida se fue agravando. Esta había amenazado reiteradamente con suicidarse.

Cuando se cumplía un día de la detención y ante el estado de excitación de la detenida, el policía municipal que custodiaba el depósito pidió a su superior que enviara otro agente de servicio para que le supliera durante el tiempo que tenía que ausentarse para comer. El policía advirtió al cabo ayer juzgado que la cámara de televisión no recogía lo que pasaba en la celda de la mujer y que ésta podía "hacer cualquier locura". El cabo desoyó la petición del policía.

A las 16.35 horas la reclusa provocó un incendio en su celda. Su marido, al ver las llamas y el humo, pidió ayuda, gritando que había fuego. El policía municipal, que estaba vigilando desde el monitor, no dio crédito inicialmente a las voces y sólo atendió la llamada de socorro diez minutos más tarde, cuando se puso a gritar otro de los presos. Cuando la policía y los bomberos lograron entrar en la celda, el cuerpo de la muchacha ya estaba calcinado.

En opinión del fiscal, José Joaquín Pérez Gregorio, el Ayuntamiento y el policía municipal son los responsables por imprudencia del incendio y de la muerte, ya que su custodia era insuficiente. Según el fiscal, este incidente pone además en evidencia el vacío que existe en la legislación española sobre la forma en que los ayuntamientos deben custodiar los depósitos de detenidos.

El fiscal recordó que en la cárcel municipal de Sagunto (Valencia) ocurrió en abril de 1983 un caso similar, cuando cuatro reclusos murieron en un incendio que se originó en la prisión, coincidiendo con la ausencia de los vigilantes. La Audiencia Territorial de Valencia dictó, el pasado mes de noviembre, una sentencia en la que se condenó a dos policías a un año de prisión y les obligó a pagar una indemnización de tres millones por cada una de las víctimas.