El Gobierno preparaba una nueva ley

El Ministerio de Hacienda y el de Administración Territorial se encontraban a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales para concluir un texto definitivo que dé marco legal a los tributos de los ayuntamientos, según informó ayer un director general de la Administración. El fallo del tribunal afecta a 107 ayuntamientos españoles, que habían aprobado recargos sobre ese impuesto.Actualmente, la Administración central dispone de varios borradores de la ley que regulará los tributos municipales. Sin em...

El Ministerio de Hacienda y el de Administración Territorial se encontraban a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales para concluir un texto definitivo que dé marco legal a los tributos de los ayuntamientos, según informó ayer un director general de la Administración. El fallo del tribunal afecta a 107 ayuntamientos españoles, que habían aprobado recargos sobre ese impuesto.Actualmente, la Administración central dispone de varios borradores de la ley que regulará los tributos municipales. Sin embargo, no han sido ultimados con urgencia debido, por un lado, a las decisiones pendientes del Tribunal Constitucional y, por otro, a que el calendario legislativo apenas deja sitio ya durante el actual mandato de las Cortes para aprobar nuevos proyectos de ley.

La ley que debía regular la tributación local ha sufrido numerosos retrasos. Fue anunciada por primera vez en 1981 por el entonces ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, durante la reunión constitutiva de la Federación Española de Municipios.y Provincias, en Málaga. Su departamento llegó a elaborar un borrador, pero esta normativa nunca fue aprobada por el Consejo de Ministros.

El PSOE intentó dar solución a los problemas financieros municipales con la ley declarada ahora parcialmente inconstitucional, texto que fue anunciado siempre como una medida transitoria hasta que se aprobase la ley definitiva.

Entre las ciudades que establecieron recargos municipales en el impuesto de la renta figuran Santander, con alcalde de Coalición Popular (un 10% de recargo); Sevilla, de mayoría socialista (7%.), y Jaén, también del PSOE, (5%).

El ayuntamiento que fijó el recargo más elevado fue el de Langa del Castillo, una localidad zaragozana de 242 habitantes regida por un alcalde de AP. La mayoría de los municipios ha aprobado recargos menos elevados, como los cuatro que lo han aplicado en Madrid: Pinto (alcalde comunista), un 2%; Míraflores de la Sierra (presidida por un miembro de AP), un 1% Hoyo de Manzanares (de alcalde independiente), 1%, y Cobeña (independiente), un 1%.