El control judicial en la ley antiterrorista

Más allá de cualquier juicio y sea cual sea el resultado de la investigación en curso, la desaparición de Mikel Zabaltza plantea hoy clamorosamente la inexistencia de un control judicial efectivo en la aplicación de la ley Antiterrorista. Se crea o no al comandante jefe de la Guardia Civil de Guipúzcoa cuando asegura que en el cuartel de Intxaurrondo, de San Sebastián, no se registran las entradas y salidas de los detenidos ni se anotan los telefonemas, el hecho es que los jueces no podrán ahora servirse de esos registros para esclarecer la verdad en este asunto. El caso Zabaltza reúne los asp...

Más allá de cualquier juicio y sea cual sea el resultado de la investigación en curso, la desaparición de Mikel Zabaltza plantea hoy clamorosamente la inexistencia de un control judicial efectivo en la aplicación de la ley Antiterrorista. Se crea o no al comandante jefe de la Guardia Civil de Guipúzcoa cuando asegura que en el cuartel de Intxaurrondo, de San Sebastián, no se registran las entradas y salidas de los detenidos ni se anotan los telefonemas, el hecho es que los jueces no podrán ahora servirse de esos registros para esclarecer la verdad en este asunto. El caso Zabaltza reúne los aspectos sombríos que caracterizan la aplicación de la legislación antiterrorista en Euskadi y se convierte así en el paradigma de la falta de constatación oficial, en un fantasma atrapado en ese agujero negro del tiempo y del espacio en el que se sumerge a los detenidos incomunicados.En estos años, jueces, fiscales y abogados han comprobado que, de hecho, el poder judicial no controla la aplicación de la ley antiterrorista ni garantiza en la práctica los derechos de los detenidos incomunicados. Los abusos, constatados fehacientemente casi siempre por circunstancias excepcionales, les han permitido confirmar el fundamento de las objeciones que se hicieron al proyecto de ley desde posiciones progresistas.

Hay, por otra parte, decenas de testimonios en los que antiguos detenidos puestos en libertad sin cargos hablan de traslados de dependencias policiales y de salidas nocturnas al monte. Los abogados señalan que la eficacia de la coacción y de la tortura se multiplica cuando el detenido se encuentra en el monte, de noche, a merced de unos individuos de paisano, a veces encapuchados. La búsqueda del zulo no sería en estos casos más que la coartada para justificar el traslado del detenido.

Por lo demás, no es imposible que Mikel Zabaltza se haya fugado de manos de la Guardia Civil; no es imposible, aunque esta idea parezca hoy como algo remoto, casi extravagante. Y si así fuera, si Mikel Zabaltza se encontrara actualmente en Biarritz o en Venezuela, por ejemplo, si todo fuera un montaje de ETA Militar, si estuviéramos asistiendo a la gran comedia que sugieren algunos -la comedia que exige tantas lágrimas a la familia-, el caso Zabaltza demostraría igualmente las lagunas y las sombras de una legislación que deja tan frecuentemente en una situación comprometida a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Porque las sospechas crecen ante lo impenetrable y porque ahora tampoco la propia Guardia Civil puede demostrar que Mikel Zabaltza no murió víctima de las torturas. Demostrarlo, no evidentemente ante el juez que dirige unas diligencias indeterminadas -orientadas, hoy por hoy, a esclarecer una fuga-, sino ante una opinión pública que ha aprendido a ser desconfiada.