Los presidentes de audiencias y de salas del Supremo que deseen seguir en el cargo 'competirán' con los demás magistrados
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó la pasada semana que los presidentes de las audiencias y de las seis salas del Tribunal Supremo -en total, 72 magistrados- que deben ser confirmados o renovados antes del 23 de enero próximo soliciten, si lo desean, continuar en sus cargos a partir de esa fecha, a los que concurrirían en igualdad de condiciones que el resto de magistrados. Jueces para la Democracia ha elogiado esta decisión y el compromiso del presidente Antonio Hernández Gil para acabar con la corrupción.
El portavoz de la mencionada asociación judicial ...
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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó la pasada semana que los presidentes de las audiencias y de las seis salas del Tribunal Supremo -en total, 72 magistrados- que deben ser confirmados o renovados antes del 23 de enero próximo soliciten, si lo desean, continuar en sus cargos a partir de esa fecha, a los que concurrirían en igualdad de condiciones que el resto de magistrados. Jueces para la Democracia ha elogiado esta decisión y el compromiso del presidente Antonio Hernández Gil para acabar con la corrupción.
El portavoz de la mencionada asociación judicial progresista, Cándido Conde-Pumpido Tourón, declaró ayer que la reunión celebrada el pasado fin de semana por el secretariado de Jueces para la Democracia con una comisión del Consejo General, encabezada por su presidente, Antonio Hernández Gil, fue enteramente positiva. Este portavoz indicó: "El Consejo ha tomado la iniciativa para la renovación de la cúpula judicial y hemos apreciado una voluntad clara de reformar en profundidad la justicia". Conde-Pumpido destacó especialmente la actitud de Hernández Gil contra las posibles corruptelas. "Nos manifestó que si creyera que en los cinco años de mandato no va a poder erradicarlas, dejaría el cargo en este momento", señaló dicho portavoz.Jueces para la Democracia planteó la necesidad de que el Consejo elabore en breve plazo un programa concreto de actúación. La respuesta fue que la confección de ese programa va a llevar tiempo, porque el Consejo tiene primero que atender los problemas de su puesta en marcha y los que tienen plazo fijo, según ley. Precisamente el más importante de ellos es la renovación o confirmación en enero de los 6 presidentes -de sala del Supremo, 16 presidentes de Audiencia Territorial y 50 de Audiencia Provincial.
El cumplimiento de esta disposición es calificado en medios jurídicos progresistas como la prueba de fuego de la voluntad reformadora del nuevo Consejo. Tales medios, favorables a la renovación, como mínimo, del 50% de los 72 magistrados, consideran "rupturista" el acuerdo del Consejo que equipara a los actuales presidentes con los candidatos a sustituirles. Añaden que esta decisión "producirá una conmoción en la magistratura". El Consejo ha enviado telegramas a los presidentes de las audiencias territoriales para que comuniquen a los magistrados de su territorio que el plazo para solicitar estos cargos concluye el 5 de diciembre.
En cuanto a la erradicación de la corrupción, Jueces para la Democracia coincidió con el Consejo en que la solución no es exigir responsabilidades aisladas, ya que es el mal funcionamiento de la estructura judicial lo que introduce la corruptela, de la mano de la iniciativa privada. Por ello, será preciso contar con la colaboración de los colegios de abogados y procuradores para acabar de raíz con el mal.
En cuanto a la eficacia judicial, frente al criterio cuantitativo establecido por el anterior Consejo, que fijó un módulo mínimo de sentencias por cadajuez o magistrado, existe acuerdo en que es preferible medir la eficacia con valoraciones cualitativas, de modo que se alcance una justicia no sólo más rápida, sino mejor, y en la que prevalezcan, entre otros, los principios de inmediación respeto a las garantías procesales y fundamentación de las resoluciones.