Serra rechazó poner en libertad el pasado día 6 a un coronel del 23-F

El ministro de Defensa, Narcís Serra, rechazó que el coronel de la Guardia Civil Miguel Manchado, condenado a ocho años de prisión militar por su participación en el frustrado golpe de Estado del 23-de febrero de 1981, saliera en libertad provisional el pasado día 6, como determinaba el Consejo Supremo de Justicia Militar en un informe enviado el mes pasado al ministro y calificado de confidencial, según confirmaron ayer fuentes del Ministerio de Defensa. Para Defensa, el cálculo sobre la fecha de la puesta en libertad de Manchado era muy favorable a éste.

El informe favorable a la pues...

El ministro de Defensa, Narcís Serra, rechazó que el coronel de la Guardia Civil Miguel Manchado, condenado a ocho años de prisión militar por su participación en el frustrado golpe de Estado del 23-de febrero de 1981, saliera en libertad provisional el pasado día 6, como determinaba el Consejo Supremo de Justicia Militar en un informe enviado el mes pasado al ministro y calificado de confidencial, según confirmaron ayer fuentes del Ministerio de Defensa. Para Defensa, el cálculo sobre la fecha de la puesta en libertad de Manchado era muy favorable a éste.

El informe favorable a la puesta en libertad provisional estaba firmado por el general Ricardo Castillo del Río, entonces presidente del tribunal militar, y recogía las conclusiones de un documento sobre la conducta de Manchado en la prisión y de otro informe elaborado por la Junta Central Militar de Redención de Penas, cuyo presidente es el mismo titular del Consejo Supremo de Justicia Militar.En el primer informe sobre Manchado, recluido en la prisión militar de Cartagena (Murcia), se decía que su conducta había sido muy buena y que el cómputo de los días trabajados en prisión reducía el tiempo normal de privación de libertad en casi 14 meses.

La libertad provisional les es concedida a los militares al cumplir las tres cuartas partes de sus condenas. En el caso de Manchado, le correspondería en febrero de 1987. Pero al tiempo de cumplimiento hay que restar los días computados como de trabajo, y es precisamente en este cómputo donde han surgido las diferencias entre el Consejo Supremo de Justicia Militar y el ministerio, cuya asesoría jurídica elabora estos días su propio cálculo.

Un general destinado en el alto tribunal militar dijo que el informe enviado a Defensa era de la Sala de Justicia del tribunal, y que éste organismo no tenía ningún comentario que hacer. "No hay ninguna contestación. El consejo tiene obligación de informar a Defensa, y eso es lo que ha hecho. Lo que después haya hecho Defensa, pregúntelo allí".

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