El Consejo Judicial investiga la fuga de un condenado por el asalto 'ultra' al bar San Bao

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer, por unanimidad, incoar diligencias informativas para "la averiguación de los hechos denunciados por los medios de comunicación social en relación con la fuga de un condenado en el llamado caso del bar San Bao [de Madrid]". La comisión ha designado instructor de estas diligencias al inspector delegado del Consejo, Ignacio Sierra, quien ayer mismo inició los trámites para la averiguación de las posibles responsabilidades judiciales existentes en la fuga de Jesús Alfredo Fernández de Landa.El Tribunal Supr...

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer, por unanimidad, incoar diligencias informativas para "la averiguación de los hechos denunciados por los medios de comunicación social en relación con la fuga de un condenado en el llamado caso del bar San Bao [de Madrid]". La comisión ha designado instructor de estas diligencias al inspector delegado del Consejo, Ignacio Sierra, quien ayer mismo inició los trámites para la averiguación de las posibles responsabilidades judiciales existentes en la fuga de Jesús Alfredo Fernández de Landa.El Tribunal Supremo elevó para este procesado la condena de 4 años y 5 meses impuesta por la Audiencia Nacional, a 18 años de cárcel, al considerarle autor de un asesinato consumado y otro frustrado durante el asalto ultraderechista al bar San Bao, de Madrid, realizado el 6 de mayo de 1980, como consecuencia del cual murió un joven y resultaron heridos otros tres.

El Tribunal Supremo dictó su sentencia el 5 de octubre último y 10 días después los medios de comunicación social difundieron su contenido, con la advertencia, en algunos casos (veáse EL PAIS del 16 de octubre) de la posible fuga de Jesús Alfredo Fernández de Landa, que se encontraba en libertad provisional, tras haber cumplido la mitad de la condena impuesta por la Audiencia Nacional. Así ocurrió varios días después.

Primera decisión

La decisión adoptada ayer es la primera que toma la comisión disciplinaria del nuevo CGPJ. El presidente de esta comisión es Pablo García Manzano y los restantes miembros de la misma Ignacio de Otto, Adrián Celaya, Emilio Berlanga y José Luis Calvo. Las primeras gestiones iniciadas por el instructor consisten en comprobar cuándo se dictó y cuándo se comunicó la sentencia al tribunal de instancia, al que corresponde su ejecución, según el artículo 803 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Según fuentes judiciales, los trámites normales en este caso habrían sido que el Supremo hubiera advertido a la Audiencia Nacional del contenido de su sentencia, para asegurar su ejecución mediante el inmediato ingreso en prisión del condenado en libertad provisional.

El instructor comprobará también si las obligadas presentaciones ante el tribunal, los días 1 y 1-5 de cada mes, se cumplimentaron correctamente, como corresponde cuando se trata de condenados en libertad provisional. Según Europa Press, el Supremo notificó la sentencia a la Audiencia Nacional a través del registro.

Una vez efectuadas las diligencias informativas, el instructor puede proponer a la comisión disciplinaria que las eleve a diligencias disciplinarias, que pueden concluir en la imposición de sanciones que pueden ir desde advertencia o reprensión hasta suspensión de un mes a un año, traslado forzoso o separación. Para imponer estas dos últimas sanciones sólo será competente, en su caso, el pleno del CGPJ.