Los mineros y su negro tributo

Aparte del supuesto destino del minero, en otros casos se le echaba la culpa al fallecido, que se llevaba a la silenciosa sepultura lo que en realidad había ocurrido. Entre los que estaban capacitados para decir lo que realmente había sucedido, unos se callaban y a otros les hacían callar o les hacían difícil demostrar lo contrario de lo que decían los jefes y autoridades. Unido a esto, la incapacidad del sindicato vertical hacía prácticamente imposible llegar a la verdad de las causas de los accidentes.En fechas no muy lejanas se producían numerosos accidentes por explosiones de grisú, por ma...

Aparte del supuesto destino del minero, en otros casos se le echaba la culpa al fallecido, que se llevaba a la silenciosa sepultura lo que en realidad había ocurrido. Entre los que estaban capacitados para decir lo que realmente había sucedido, unos se callaban y a otros les hacían callar o les hacían difícil demostrar lo contrario de lo que decían los jefes y autoridades. Unido a esto, la incapacidad del sindicato vertical hacía prácticamente imposible llegar a la verdad de las causas de los accidentes.En fechas no muy lejanas se producían numerosos accidentes por explosiones de grisú, por manejo de explosivos y por otras muchas causas, que, siendo en su momento disculpados, se demuestra no pasados muchos años que podían ser evitados.

La evolución estadística de las cifras de accidentes mortales en nuestra minería revela una disminución histórica que coincide con el desarrollo técnico de una parte importante de las empresas del sector. El impulso de la acción sindical, la operatividad de los comités de seguridad y la propia solvencia técnica alcanzada en dichas empresas han permitido esta disminución en las cifras de accidentabilidad.

Quizá sea necesario aclarar, sin embargo, que esta evolución es lenta y que siguen produciéndose accidentes cuyas causas se repiten sin que exista una solución técnica adecuada para evitarlos. Los derrabes, de desgraciada actualidad en las últimas fechas, son el argumento más evidente de la necesidad de profundizar técnicamente en estos problemas.

Las propias cifras de accidentes, con 978 mineros muertos en accidentes de trabajo en los últimos 10 años, suponen una frecuencia muy superior a la de la minería europea. Los mineros españoles, que somos el 10,8% de la población activa de este país, sufrimos el 5,8% del total de accidentes mortales que se producen en los diferentes sectores industriales.

Pero las cifras globales no dan en absoluto la medida del grave problema. Algunos datos particulares resaltan más adecuadamente la gravedad de la situación.

Causas más importantes

En Asturias, pongamos por ejemplo, se han producido 11 accidentes mortales en lo que va de año en las pequeñas explotaciones sobre una plantilla de 1.100 trabajadores. En el mismo período, sobre una plantilla de 27.000 trabajadores en las empresas de cierta entidad, el número de muertos ha sido de 18. En otras palabras, mientras en estas empresas de cada 1.500 trabajadores ha muerto uno, en la pequeña minería se ha matado un minero de cada 122. ¿Qué atención presta el Gobierno socialista a estos datos? Ninguna.

El caso es que los accidentes se suceden como un negro tributo que los mineros pagan, y para CC OO de la minería las causas que inciden en la mayor parte de los accidentes son evitables. Bajo mi punto de vista, éstas serían entre otras las siguientes:

1. Ritmos acelerados de los trabajos (destajos) que no permiten ni observar las reglas más elementales de seguridad.

2. La falta total de formación profesional a los trabajadores que vienen ingresando en el interior de la mina (en algunos países de la CEE los nuevos mineros reciben hasta seis meses de formación teórica y práctica).

3. La escasa o nula preocupación empresarial por la cualificación profesional de los mineros implantando la contratación eventual con categorías profesionales bajas para pagar salarios mínimos y cotizar menos a la Seguridad Social. A esta especulación le ayuda el que en el Estatuto Minero, el Gobierno actual se comprometió a confeccionar un nomenclator que recoja las funciones específicas que debe tener cada categoría profesional minera y, casi a los dos años de su vigencia, esto no se ha llevado a cabo.

4. La falta de inspección efectiva que existe en las minas españolas.

5. A las minas de 50 trabajadores el Estatuto Minero las dejó sin comité de seguridad, hecho que, criticamos enérgicamente en CC OO, lo que permite que estas pequeñas empresas no inviertan más en seguridad. La ambigüedad e inhibición de la Administración en este terreno permite a los patronos la interpretación interesada de dicho estatuto.

6. Igualmente, el Estatuto del Minero que nos impuso el Gobierno socialista facilitó la generalización de la contratación eventual en las minas, hecho éste que contribuye a la realización de trabajos en condiciones peligrosas y a la inhibición del minero al no disponer de garantías en su puesto de trabajo.

Paralelamente, considero que, también hay responsables de esta situación:

1. El Gobierno central y autonómico, que no sólo no obliga a la policía minera a realizar una inspección exhaustiva y eficaz, sino que ha decretado un Estatuto Minero que deja indefensos a una buena parte de los mineros.

2. La búsqueda de los mejores resultados económicos por parte de los empresarios, sin tener en cuenta las vidas de los mineros que fallecen y las pérdidas que se derivan de los accidentes mortales en concepto de financiación a la Seguridad Social (en 1984, 3.600 millones de pesetas).

3. La complicidad de una minoría de técnicos al avalar con sus informes el mal estado de la seguridad en que se desarrollan los trabajos en algunas minas de nuestro país.

Si tenemos en cuenta el trágico balance de accidentes mortales que se producen en las pequeñas minas o chamizos, no sería aventurado proponer el agrupamiento de estas minas en empresas más solventes técnica y socialmente, encaminadas al mantenimiento del empleo y a la mejora de las condiciones de seguridad y salubridad.

Por último, hay que denunciar la actitud de algunos empresarios que no dudan en coaccionar y amenazar con cierre de minas cuando los mineros exigen mayores garantías de seguridad y mejores condiciones de trabajo. El Gobierno no debería descartar la nacionalización de aquellas empresas privadas que, alegando ausencia de recursos financieros, ignoran las más elementales normas de seguridad. Ha sido ésta una norma habitual en los países de la CEE.