El PNV considera gravemente dañado el pacto con el PSOE
Juan Ramón Guevara, vicepresidente del Gobierno vasco, considera que la negativa del Grupo Socialista en el Senado a apoyar una determinada enmienda presentada por el PNV en el debate sobre la ley del Poder Judicial (véase EL PAIS de ayer) supone "la ruptura de un pacto entre caballeros existente entre el presidente González y el lendakari Ardanza".El desacuerdo surgido a última hora en torno a la titularidad de la competencia sobre provisión de personal y medios materiales de la administración de justicia es considerado por el Gobierno vasco como un "grave acontecimiento que daña muy s...
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Juan Ramón Guevara, vicepresidente del Gobierno vasco, considera que la negativa del Grupo Socialista en el Senado a apoyar una determinada enmienda presentada por el PNV en el debate sobre la ley del Poder Judicial (véase EL PAIS de ayer) supone "la ruptura de un pacto entre caballeros existente entre el presidente González y el lendakari Ardanza".El desacuerdo surgido a última hora en torno a la titularidad de la competencia sobre provisión de personal y medios materiales de la administración de justicia es considerado por el Gobierno vasco como un "grave acontecimiento que daña muy seriamente el clima de confianza entre socialistas y nacionalistas surgido a raíz del pacto de legislatura".
En opinión del vicepresidente vasco, "más grave aún que el hecho de romper la palabra dada es la argumentación con que se justifica, y que en resumen -viene a afirmar que el Estatuto vasco va demasiado lejos, por lo que, al parecer, se considera legítimo modificar unilateralmente dicha norma del máximo rango legal". Que el acuerdo existía, parece fuera de duda, a juzgar por las precisiones aportadas por fuentes próximas al lendakari, que insisten en que el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, había dado también su conformidad a la fórmula propuesta.
La enmienda nacionalista garantizaba, de acuerdo con el texto literal del artículo 35 del Estatuto vasco, la plena competencia de la comunidad autónoma respecto a los medios materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de la justicia. El Grupo Socialista admitía la atribución a las comunidades autónomas de la gestión de esos medios, pero tras el desacuerdo surgido dicho grupo también votó en contra de esa fórmula. El Gobierno vasco decidirá en su reunión del día 18 si presenta o no recurso ante el Tribunal Constitucional.