La Fiscalía General del Estado investiga una supuesta falsificación de títulos nobiliarios

La Fiscalía General del Estado, cuyo titular es Luis Burón Barba, ha ordenado la investigación de unas presuntas falsificaciones en la rehabilitación de títulos nobiliarios. Tras una investigación policial realizada por un equipo de la Comisaría General de Información, la Fiscalía General del Estado ha considerado que existen "indicios delictivos de la existencia de dichas falsificaciones y ha trasladado el expediente al fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Madrid, Pedro Claver de Vicente Tutor. A su vez, diversos juzgados de instrucción de Madrid, entre ellos el número 7, realizan en es...

La Fiscalía General del Estado, cuyo titular es Luis Burón Barba, ha ordenado la investigación de unas presuntas falsificaciones en la rehabilitación de títulos nobiliarios. Tras una investigación policial realizada por un equipo de la Comisaría General de Información, la Fiscalía General del Estado ha considerado que existen "indicios delictivos de la existencia de dichas falsificaciones y ha trasladado el expediente al fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Madrid, Pedro Claver de Vicente Tutor. A su vez, diversos juzgados de instrucción de Madrid, entre ellos el número 7, realizan en estos momentos diligencias previas, tras recibir las denuncias del Ministerio de Justicia.

Las sospechas de falsificaciones en solicitudes de rehabilitación de títulos nobiliarios se iniciaron en el servicio de Asuntos de Gracia, del Ministerio de Justicia, tras una serie de repetidas denuncias de miembros de la aristocracia. Justicia solicitó al Ministerio del Interior la investigación del asunto. Un equipo de la Comisaría General de Información realizó en los pasados meses un "grueso" infonne sobre estos hechos, del que han tenido conocimiento el director general de la Policía, Rafael del Río, y el subsecretario de Justicia, Liborio Hierro.Este último se negó a facilitar datos sobre el citado informe, argumentando que la investigación se encontraba aún en marcha. Sin embargo, altas fuentes del Ministerio del Interior indicaron que la investigación se encontraba cerrada. El gabinete de Prensa del Ministerio de Justicia emitió a última hora de la tarde de ayer una nota en la que se sefíala que, "advertidas presuntas falsedades", se realizó una investigación, que fue posteriormente trasladada a la Fiscalía General del Estado.

El Ministerio de Justicia tuvo conocimiento de los hechos en agosto de 1984, tras presentar el marqués de Sierra Nevada una contraprueba en el Servicio de Asuntos de Gracia contra la rehabilitación del título del marquesado de Cañada Hermosa de San Bartolomé.

Posteriormente aparecieron nuevas contrapruebas de diversos títulos solicitados, entre ellas la de Román Ayza y Suarez-Castiello por el marquesado de las Serrezuelas.

De este último asunto entiende el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, en el sumario 813/1985. El Juzgado abrió el caso el 6 de marzo pasado, y en estos momentos se encuentra en fase de diligencias previas. En el sumario se encuentra un amplio informe del demandante (folios 28 a 72 del mismo, más otros 25 de documentación anexa), en el que se recogen sus argumentaciones, que fueron ampliadas en una declaración realizada en el juzgado a mediados del mes de marzo.

Certificados ilegales

Fuentes policiales y judiciales informaron que las "presuntas falsificaciones" se extienden a un número impreciso de títulos, "no superior a 10", tras de los cuales se encuentra una "mafia" que facilita estas falsificaciones a cambio de un "cuantioso" importe. Para ello se han falsificado partidas de nacimiento y matrimonio en diversas iglesias, según afíadieron las mismas fuentes. Éstas indicaron que la figura clave en estas presuntas irregularidades es "un célebre genealogista de Madrid, apellidado González". Los títulos a los cuales se solicitaba la rehabilitación eran siempre muy antiguos y de familias extinguidas en la sucesión de sus primeras líneas. Mediante partidas de nacimiento y matrimonio falsas, corroboradas posteriormente por certificados firmados por sacerdotes parroquiales, se reivindicaban tales títulos.

Fuentes de los afectados indicaron que el problema no son los procesos de rehabilitación, que "han sido parados" a partir del descubrimiento de estos hechos, sino los que fueron obtenidos ilegalmente y firmados por el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, y por el rey Juan Carlos. En este sentido, mostraron su "preocupación" por un asunto de "delincuencia", que puede convertirse "en político".