La Unión Progresista de Fiscales celebra su congreso constituyente

Promover la plena realización de los principios , derechos y libertades consagrados en la Constitución; satisfacer el interés social; defender los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, y proteger a los sectores marginados de nuestra sociedad figuran entre los fines de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), denominación definitiva aprobada ayer por su congreso constituyente, al que asistieron unos 80 fiscales. El presidente de la UPF, Fernando Jiménez Lablanca expresó la necesidad de mantener "un compromiso muy fuerte", dijo, "con nuestras ideas y el servicio al pueblo".

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Promover la plena realización de los principios , derechos y libertades consagrados en la Constitución; satisfacer el interés social; defender los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, y proteger a los sectores marginados de nuestra sociedad figuran entre los fines de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), denominación definitiva aprobada ayer por su congreso constituyente, al que asistieron unos 80 fiscales. El presidente de la UPF, Fernando Jiménez Lablanca expresó la necesidad de mantener "un compromiso muy fuerte", dijo, "con nuestras ideas y el servicio al pueblo".

Además de Jiménez Lablanca, como presidente, integran el secretariado de la UPF José María Mena, vicepresidente; Antolín Herrero, tesorero; Alfonso Aya, secretario, y José María Paz, Ladislao Roig y Fernando Delgado. Jiménez Lablanca manifestó que lo de menos es el adjetivo de progresista con el que se constituye la asociación, sino la fidelidad al compromiso democrático y la voluntad de ser los mejores fiscales. "Podemos serlo", dijo, "incluso con el actual Estatuto". A título de ejemplo, Jiménez Lablanca resaltó la labor que pueden realizar los fiscales jefes en relación con la defensa de los derechos socioeconómicos, uno de los fines más destacados en el congreso, sólo investigando las sentencias sobre accidentes de trabajo.El debate sobre el proyecto de estatutos de la nueva asociación de fiscales, en el que tuvo un gran protagonismo Serafín García Mendieta, ocupó la mayor parte del tiempo del congreso. Junto a los fines ya citados, la Unión Progresista de Fiscales tratará de promover la independencia de los órganos que integran el poder judicial y su legitimación democrática y el perfeccionamiento del servicio público de la justicia de modo que responda a los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos, impulsando su celeridad y eficacia y procurando la erradicación de las corrupciones.

Otro fin general será potenciar la participación de los miembros de la carrera fiscal en los órganos representativos del Ministerio Fiscal, Juntas de Fiscales y Consejo Fiscal. En el orden específico penitenciario, a UPF promoverá una ejecución penitenciaria caracterizada por el estricto respeto de los derechos fundamentales del interno, potenciando su ejercicio y desarrollo como medio para alcanzar la integración real del mismo en la sociedad. Por lo que se refiere a la propia profesión , la UPF defenderá los intereses y derechos profesionales de los fiscales, particularmente frente a los acuerdos que, por la vía de la dependencia jerárquica, limiten injustificadamente su actuación conforme al principio de legalidad o su estabilidad profesional.

Asociación estatal

La UPF se configura como asociación estatal a la que pueden pertenecer todos los funcionarios de la carrera fiscal en activo. Afirma su carácter democrático, así como su compromiso de contribuir a establecer una sociedad democrática avanzada, y declara su carácter pluralista, dentro del cual reconoce la libertad de expresión de todos sus asociados individual o colectivamente. La UPF afirma también su independencia respecto a los poderes públicos, partidos, sindicatos y organización jerárquica del Ministerio Fiscal.Durante las sesiones del congreso constituyente, celebrado en la sede de la Escuela Judicial, se plantearon las presiones realizadas sobre los jueces, especialmente en el País Vasco. Se hizo referencia, en concreto (veáse EL PAIS de ayer) a las reacciones suscitadas por el proceso y la sentencia condenatoria del comisario Manuel Ballesteros.

Según el acuerdo adoptado, los congresistas manifestaron su "solidaridad con la fiscalía y la Audiencia de San Sebastián, por entender que, sin entrar en el contenido y fondo de sus últimas resoluciones, son órganos cuyos componentes no hacen sino defender la existencia de un Estado democrático de derecho, con total valentía, honestidad e imparcialidad, y ello pese a los ataques de que son objeto desde distintos sectores sociales e institucionales".