Un juzgado reclama la presencia de un ex delegado de Trabajo en relación con un nuevo fraude a la Seguridad Social

El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, a requerimiento del fiscal Carlos Jiménez Villarejo, ha citado a declarar al ex delegado en funciones del Ministerio de Trabajo en Barcelona Graciniano Gómez Catón -actualmente procesado por su implicación en el fraude a la Seguridad Social y en paradero desconocido-, por su presunta participación en una nueva desviación de haberes de la Seguridad Social correspondientes al grupo Controles y Equipos Navales, por un importe de 230 millones de pesetas. El requerimiento parte de una denuncia por coacciones interpuesta por el ex apoderado del grupo...

El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, a requerimiento del fiscal Carlos Jiménez Villarejo, ha citado a declarar al ex delegado en funciones del Ministerio de Trabajo en Barcelona Graciniano Gómez Catón -actualmente procesado por su implicación en el fraude a la Seguridad Social y en paradero desconocido-, por su presunta participación en una nueva desviación de haberes de la Seguridad Social correspondientes al grupo Controles y Equipos Navales, por un importe de 230 millones de pesetas. El requerimiento parte de una denuncia por coacciones interpuesta por el ex apoderado del grupo José Lloret Revilla y se hace extensivo al empresario Carlos Marrón Legarreta y al inspector de Trabajo de Bilbao José Manuel Fernández.Las coacciones a las que se refiere en varias denuncias el ex apoderado del grupo Conave incluyen el supuesto desmántelamiento fraudulento del holding, hasta hace pocos años uno de los principales proveedores de Astilleros Españoles. El grupo, cuyo principal accionista es Carlos Marrón Legarreta, comprendía hasta su cierre parcial las empresas Westad Española, Rotiber y Conave, de Vizcaya, Inagui de la Coruña, Pronasa de Santander y Sundel de Barcelona, además de otras varias sociedades inmobiliarias y comerciales del mismo grupo, domiciliadas estas últimas en Barcelona. En 1984, seis de estas empresas cerraron sus puertas mediante procedimientos de quiebra y suspensiones de pagos. Los despidos incentivados del grupo, reconvertido de forma paralela al sector naval oficial, han afectado a una plantilla global de alrededor de 200 trabajadores.

Las supuestas coacciones que han dado origen a las diligencias judiciales provienen del hecho de que éste, según el ex apoderado de la empresa, ha sido sometido a presiones para obligarle a cooperar en actividades presuntamente delictivas. Entre éstas, José Lloret revela su participación, por cuenta de Marrón, en el cierre fraudulento y trasvase de activos de unas a otras empresas del grupo Conave, con un saldo total desfavorable a la Seguridad Social de 230 millones de pesetas.

Diligencias en El Ferrol

El juzgado de Instrucción número 1 de El Ferrol tramita paralelamente otras diligencias previas por estafa iniciadas mediante una querella del antiguo propietario de una de estas empresas, Industrias Aguilar (Inagui), con sede en un pequeño pueblo próximo a El Ferrol, Mugardos.

La empresa fue adquirida después de llegarse a un acuerdo con los acreedores sobre la suspensión de pagos, incumpliendo posteriormente el nueve propietario, Carlos Marrón, los compromisos adquiridos y viéndose la empresa abocada al cierre definitivo.

La cooperación aducida por el ex apoderado del grupo Conave José Lloret en el presunto desmantelamiento del holding y estafa a la Seguridad Social, se inició, según, la denuncia, en 1978. En esta fecha Graciniano Gómez Catón se ocupó presuntamente de eximir del pago de la cuota patronal a dos empresas del grupo, Robiter y Westad. La operación, según el denunciante, tuvo un precio de dos millones de pesetas que, presuntamente cobró Graciniano Gómez Catón, por su intervención en el asunto.

Las dos empresas cerraron Sus puertas en 1984, sin activo suficiente para hacer frente a sus deudas con la Administración. Marrón, según la denuncia, sufragó un viaje del ex delegado de Trabajo en funciones Graciniano Gómez Catón a Bilbao para gestionar allí asuntos relativos a estos cierres de sociedades, vinculadas con el sector Paval y que, según el denunciante, implican el trasvase sistemático de activos de unas a otras y su consiguiente ausencia de patrimonio.