El fiscal del Estado archiva las diligencias del 'caso Flick'
El fiscal general del Estado ha archivado las diligencias iniciadas en noviembre de 1984, a petición del presidente del Gobierno, Felipe González, para la presentación, en su caso, de una querella criminal por las informaciones publicadas sobre el caso Flick. La decisión de archivar las diligencias, por falta de indicios delictivos, fue adoptada por la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo el 25 de abril y ha sido comunicada ya al Gobierno en un documento de dos folios.
El presidente del Gobierno, a través del ministro de Justicia, instó el 5 de noviembre de 1984 al fiscal ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El fiscal general del Estado ha archivado las diligencias iniciadas en noviembre de 1984, a petición del presidente del Gobierno, Felipe González, para la presentación, en su caso, de una querella criminal por las informaciones publicadas sobre el caso Flick. La decisión de archivar las diligencias, por falta de indicios delictivos, fue adoptada por la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo el 25 de abril y ha sido comunicada ya al Gobierno en un documento de dos folios.
El presidente del Gobierno, a través del ministro de Justicia, instó el 5 de noviembre de 1984 al fiscal general para que investigara las noticias publicadas en torno a las presuntas donaciones del consorcio alemán occidental Flick a los socialistas españoles. Con ello, el Ejecutivo, según se informó en su momento, trató de salvar la imagen y credibilidad de los responsables del Estado y, principalmente, del presidente del Gobierno. La remisión del expediente al fiscal general coincidió con el anuncio de las que Felipe González denominó auditorías de infarto.El portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, declaró que, ante la gravedad y la falsedad de las informaciones publicadas, Felipe González deseaba "la total clarificación ante los ciudadanos y la plena exigencia de las responsabilidades a que hubiere lugar". "La gravedad de los hechos no está tan sólo en el daño causado a los responsables políticos", dijo Sotillos, "sino, principalmente, en lo que afecta al sistema de libertades. Convencido de que esta ocasión puede servir de ejemplo, el presidente desea la intervención de la justicia hasta sus últimas consecuencias".
Dos días después de la solicitud gubernamental, el fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, reunió, con carácter extraordinario, a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo. Este órgano acordó iniciar unas diligencias, al amparo de lo que establece el artículo 5 del Estatuto del Ministerio Fiscal sobre este tipo de actuaciones, encaminadas a acreditar la autenticidad de la información facilitada por el corresponsal en Bonn de La Vanguardia, Valentín Popescu. Burón estimó que la denuncia gubernamental se basaba casi exclusivamente en recortes de Prensa y que, hasta que se realizara una investigación, "no es momento", dijo, "de ejercitar acciones propiamente penales".
Comparecencias
Entre las diligencias realizadas, bajo la dirección del propio Burón, el 13 de noviembre el director de La Vanguardia, Francese Noy, compareció ante el fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona, al que aportó diversas publicaciones alemanas, entre ellas un ejemplar del diario Frankfurter Rundschau en el que se publicó la información originaria, recogida por el corresponsal de La Vanguardia.El propio Valentín Popescu ratificó el 14 de enero de 1985, ante Burón, la "veracidad" de sus informaciones en relación con las publicadas en aquel país sobre el caso Flick. Durante las casi dos horas que duró su testimonio, Popescu destacó la coincidencia entre la información firmada por él y la del diario Frankfurter Rundschau, firmada por el periodista Eckart Spoo, sobre supuestas entregas al PSOE de dinero procedente del consorcio Flick.
Tras la investigación realizada, la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo ha decidido archivar las diligencias y dar, así, carpetazo a un asunto que no ofrece indicios de criminalidad. En el documento remitido al Gobierno se dice, entre otras cosas, que no es cierto que el diputado del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) Hans-Jürgen Wischriewski transportase una maleta con dinero procedente del consorcio Flick, para su entrega a Felipe González, con destino al PSOE, pero que sí es verdad que en el periódico Frankfurter Rundschau apareció una información, firmada por el periodista Eckart Spoo, que atribuía al diputado del SPD Peter Struck la afirmación, en una reunión de juristas de su partido, de que el SPD hizo llegar a Felipe González, a través de Wischnewski, dinero del consorcio Flick para la financiación de la campaña electoral del PSOE.
El caso Flick se inició en la RFA por los supuestos sobornos del consorcio a políticos a cambio de beneficios fiscales. En aquel país, el escándalo originó la dimisión del ministro de Economía y del presidente del Bundestag (Parlamento). Las declaraciones sobre las donaciones de dinero alemán al PSOE desencadenaron el caso Flick en España. Tanto la comisión parlarnentaria creada al efecto como las diligencias judiciales han concluido sin establecer responsabilidades.